El supuesto «lawfare» de Más Madrid a Noelia Posse
► Pide seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles por el «caso ITV»
Empieza la cuenta para la apertura de juicio oral para la exalcaldesa socialista de Móstoles que la colocaría, solo para empezar, fuera del partido. Más Madrid Ganar Móstoles ha presentado ya un escrito de acusación al juzgado número 1 de la localidad del sur, previo a la apertura del juicio, en el que solicita 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta para la exregidora y su equipo por el «Caso ITV», a los que acusa de un delito de prevaricación y malversación, por perdonar, presuntamente, 1.172.106,52 euros a una ITV de la localidad en cánones municipales.
Tal y como expone el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el partido que lidera la actual ministra de Sanidad, Mónica García, considera que los acusados «eran plenamente conscientes de la ilegalidad del acuerdo» y que todo ello «ha causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles».
Exsocio de Gobierno
De todos estos hechos Más Madrid, que fue socio de Gobierno durante tres años, responsabiliza al antiguo equipo de Posse al completo, pero se da la circunstancia de que cuatro de ellos siguen ocupando un puesto como concejales en el Ayuntamiento de la segunda localidad más grande de Madrid. Además de la exalcaldesa Noelia Posse, que es portavoz del Grupo Municipal Socialista y presidenta del partido en Móstoles, la petición afectaría a David Muñoz que, además de concejal, es secretario de organización del PSOE en la localidad, lo mismo que Alejandro Martín, que ocupa el puesto de secretario general. También afectaría a las concejalas socialistas Rebeca Prieto y Marisa Ruiz.
La petición va en la línea iniciada por la Fiscalía, que hace unas semanas también solicitó 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles por prevaricación al considerar también que Noelia Posse y su equipo de Gobierno «ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles» cuanto estuvieron en la Alcaldía.
Las causas
El asunto en cuestión tiene que ver con que en mayo de 2011, se adjudicó a una empresa de la localidad una parcela del Sector PAU Móstoles Tecnológico para que explotara una ITV. El contrato que se firmó fue por 30 años y por ello debía pagar un canon anual al Ayuntamiento de 133.100 euros. Entonces se acordó que el impago del canon sería una infracción grave que conllevaría una multa de hasta un millón de euros y la extinción de la concesión.
Sin embargo, la ITV, dejó de pagar con el paso de los años sin que desde el Ayuntamiento reclamaran los cánones. En concreto, según figura en el escrito de acusación, desde el inicio de la concesión, en el año 2011, la mercantil ITV Móstoles, S.L. sólo ha abonado los cánones de los años 2011 y 2012 y 713,02 euros del ejercicio 2013, estando pendientes de cobro prácticamente la totalidad del canon del 2013 y todos los demás cánones devengados desde el ejercicio 2014 al 2019. Es decir, del total, solo abonó 271.579,90 euros adeudando a fecha de 22 de julio de 2020 la cantidad de 1.172.106,52 euros.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, con Noelia Posse como alcaldesa, acordó reducir el canon de 147.653,49 euros a 60.000 euros anuales, la condonación de la deuda de 615.000 euros, y el fraccionamiento del pago del resto de la deuda hasta el año 2040, sin devengo de intereses de demora ni exigencia de garantías de ningún tipo y pese al informe en contra del interventor. La decisión se acordó en octubre de 2020 y es lo que hará sentarse a Posse y su equipo en el banquillo. Se aprobó, «a sabiendas de la ilegalidad de tal acuerdo por estar advertidos en tal sentido, con el perjuicio que se causaría a los caudales públicos y el correlativo lucro de la mercantil acusada ITV Móstoles, S.L., fuera del orden del día y por urgencia por decisión caprichosa de la acusada Noelia Posse Gómez», expone el escrito.
Los acusados «eran plenamente conscientes de la ilegalidad» del acuerdo que favorecía a la ITV. De ahí que Más Madrid considere que se ha incurrido en un delito de prevaricación y malversación. El juicio a la cúpula socialista de Móstoles podía celebrarse en unos meses.
La formación cree que se ha causado un perjuicio económico a Móstoles al perdonar una deuda