Hacia un reparto justo de los fondos europeos para las políticas de empleo
La consejera de Empleo pide una reducción de las modalidades de contrato para acabar con la dualidad del mercado laboral
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, defendió un reparto justo de los fondos europeos destinados a políticas de empleo entre las autonomías, así como la necesidad de simplificar la normativa laboral reduciendo las modalidades de contrato que existen a día de hoy y que contribuyen a profundizar en la dualidad del mercado laboral.
Amigo participó en la videoconferencia que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantuvo con los titulares de las consejerías con competencias en materia de empleo en las distintas Comunidades Autónomas.
La consejera aprovechó el encuentro para pedir al Ministerio flexibilidad a la hora de reconocer como ERTES de impedimento los presentados por aquellas empresas que, como consecuencia de las restricciones sanitarias, solo puedan desarrollar actividades residuales.
El encuentro tenía como objetivo seguir avanzando en la elaboración de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como analizar los proyectos de inversión y reformas en materia de Políticas Activas de Empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En relación a la nueva estrategia, la responsable regional de la cartera de Empleo e Industria defendió la necesidad de fortalecer la prospección laboral como una herramienta necesaria para apoyar a las empresas en este momento de máxima dificultad.
En la situación, señaló Amigo, es «fundamental» la cercanía a las empresas para conocer sus necesidades y poder ofrecer un plan de apoyo a medida.
Igualmente, la consejera apostó por la digitalización de los servicios públicos de empleo, un proceso de modernización en el que se han dado pasos importantes, pero en el que es necesario seguir avanzando desde todas las Comunidades, en línea con los objetivos que persiguen los fondos europeos.
Ana Carlota Amigo volvió a abogar por la transparencia y la eficacia de las políticas públicas, de ahí que defendiera como irrenunciable la evaluación de las políticas públicas de empleo, «desde la objetividad y la independencia». Este control se lleva a cabo en Castilla y León a través de la Airef, un organismo independiente que vigila la sostenibilidad de las políticas públicas.
Considera «fundamental» la cercanía a las empresas para conocer sus necesidades