Tensión en los jueces por el 14-F
Crece el debate en el TSJC por el frenazo en la vacunación y la presión en las UCI. Fuentes jurídicas apuntan como clave la pregunta: «¿La decisión es inejecutable por falta de tiempo de la administración electoral?»
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se siente crecer la presión y la tensión por la decisión que se espera para el próximo día 8 sobre si sigue adelante la campaña de las elecciones catalanas para que se celebren el 14-F o se suspende por la emergencia sanitaria por la Covid. Fuentes jurídicas anticipan a este periódico que «las decisiones judiciales, aunque no lo parezca, son coherentes».
El tribunal ha adoptado medidas cautelares, sin prejuzgar el fondo del asunto, entre otras razones porque no tiene el expediente administrativo ni las alegaciones de las partes. Pero la deliberación se producirá bajo un ruido político caótico, con la interferencia del murmullo mediático constante y con el peso de las informaciones sanitarias que apuntan a la alarmante saturación de las UCI. El camino hacia el colapso sanitario no se frena y la cancelación del proceso de vacunación, por falta de suministro, añade todavía más incertidumbres al proceso.
El TSJC se enfrenta a la posi bilidad de que las elecciones sean, finalmente, el día 14 bajo la presión de interrogantes tan determinantes para preservar el proceso democrático como: «¿y el voto por correo? ¿y la campaña? ¿y los debates? ¿y la organización de las mesas electorales con las personas que deben atenderlas y deben ser citadas por un correo certificado después de un sorteo?». «Son muchas más las preguntas que necesitan respuesta», insisten las fuentes consultadas. Que apuntan también a un elemento que será clave en la resolución judicial: ¿la decisión es inaplicable por falta de tiempo en la administración electoral?
«Esto es Derecho administrativo electoral puro y duro. Más allá del sentido común, que muchas veces no se aplica a estas cosas jurídicas. El aplazamiento de las elecciones no sería incoherente jurídicamente con los pronunciamientos previos porque las cautelares son cautelares y tienen lógica para que la decisión final, si es favorable al día 14, pueda ejecutarse. Y si no, pues nada. Se ha organizado una campaña electoral, se ha gastado un dinero, y al final las condiciones sanitarias impiden la celebración».
Ayer se confirmó que Cataluña agotará esta semana la reserva de vacunas a la espera de más dosis. Esto implica que un total de 10.000 personas no recibirán la segunda inyección a los 21 días, sino a los 28. A la tensión hospitalaria al alza, a datos de ayer, la velocidad de contagio, la llamada Rt, ha subido una centésima y se sitúa en 0,95. El riesgo de rebrote también sube 1 punto, hasta 590.
«El aplazamiento de las elecciones sería coherente jurídicamente con los pronunciamientos previos que se han producido»
Ayer la Generalitat tuvo que rectificar su decisión inicial, dudosamente legal, de permitir que los ciudadanos se salten el confinamiento municipal para ir a mítines. Todo se está improvisando sobre la marcha en una situación para la que no hay precedentes, y esto afecta también a la gestión de la Junta Electoral de su obligación de velar por las garantías de los comicios. La decisión que, inicialmente, instigó la Generalitat tiene difícil encaje: el candidato, en su ejercicio del derecho pasivo, sí tiene derecho a moverse entre municipios para hacer su campaña, pero ese derecho es muy discutible para el ciudadano confinado perimetralmente, que sólo debería poder asistir, y si acaso, a los mítines que se celebren en su lugar de residencia. De continuar adelante la campaña, Ciudadanos y PP anticipan que concentrarán toda su actividad telemáticamente por un principio de prudencia. «Haremos campaña con todas las precauciones sanitarias», explican desde la formación naranja.
En las interferencias con las que tienen que tomar su decisión en el TSJC entran informaciones más que extrañas para pensar en una celebración medio normal de elecciones, como que habrá integrantes de las mesas electorales con EPI, votaciones por horas, colectivos de riesgo al final... Las Administraciones Públicas tienen la obligación legal de fomentar fomentar la participación, no la abstención. Pero, desde luego, sobre todo tienen el deber de acatar lo que decida el tribunal.
La salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad no es indicio de que las elecciones vayan a celebrarse, sino que es la consecuencia de no tener otra salida, después de haber apurado al máximo los plazos para dejarle sin cartera. Era ahora, o cargando con el peso de una inevitable última fiscalización de su gestión en el Congreso, de la que todo el arco parlamentario intentaría sacar beneficio para su campaña. En el conjunto de España, Sanidad registró ayer 40.285 nuevos casos de coronavirus y 492 muertes más. Además, la tasa de incidencia acumulada, es decir, el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, continúa su tendencia ascendente, situándose en 899,93.