Mítines de los presos

P arece ser que en los próximos días los condenados por el Procés van a poder hacer campaña electoral, al acceder al tercer grado penitenciario concedido por el Govern. Si así fuere, pese a los recursos de la Fiscalía y la decisión del TS como órgano jurisdiccional competente, el mensaje que se traslada a la sociedad, es que, para algunos, «la igualdad ante la ley» es una frase tan bella como vacía de contenido. Si «formalmente» cumplen los requisitos establecidos para gozar de los permisos derivados de esa clasificación penitenciaria, hay que decir que algo falla cuando la ley y el derecho colisionan con el sentido común y la razón. La administración penitenciaria es una competencia transferida a la Generalitat, y el Gobierno autonómico está en manos de los partidos de los que ellos son destacados dirigentes, siendo así juez y parte de esta decisión.

Ver hacer campaña electoral a quienes promovieron y ejecutaron un golpe de Estado contra la Constitución y el Estatuto, reivindicando lo que hicieron y admitiendo que volverían a realizarlo, es más de lo que el Estado de Derecho y una sociedad civilizada pueden asumir. Si por vacunarse antes de tiempo, todo un JEMAD ha debido dimitir, huelga decir qué procedería en estas circunstancias. Por algo el Govern ha decretado que asistir a los mítines es actividad esencial: hay que jalear a los líderes. La historia de los condenados por el golpe de Estado de octubre de 1934 se repite ahora ante la estupefacción y preocupación general.

«Por algo el Govern ha decretado que asistir a los mítines es actividad esencial»