La pandemia de covid reduce la actividad del Consejo Consultivo de Castilla y León
La pandemia del coronavirus lo está trastocando todo y en cualquier ámbito de la vida.
El Consejo Consultivo de Castilla y León no iba a ser menos, y ha visto como la covid ha reducido sustancialmente la actividad de esta institución propia de la Comunidad, cuyo Pleno del Consejo, presidido por Agustín Sánde Sánde Vega, ha aprobado el pasado año 458 dictámenes, un 26 por ciento menos que en el año anterior.
Los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido, un año más, los más numerosos, con 352 expedientes resueltos, la mayor parte relacionados con el funcionamiento de los servicios públicos o con el ámbito sanitario.
Del total de dictámenes emitidos emitidos en el último año, 287 se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales como diputaciones provinciales, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales. Además, 168 dictámenes procedieron de consultas de la Administración autonómica y tres de las universidades de Castilla y León.
Por el contrario, el Tribunal Administrativo de Recursos Conchez tractuales (Tarrcyl) adscrito a él resolvió tres recursos más que en 2019, hasta llegar a los 198.
«Hemos realizado un esfuerzo adicional para que su funcionamiento se haya realizado con relativa normalidad institucional pese a la pandemia», destaca Sánchez de Vega, para quien, a pesar del coronavirus, el Consultivo «ha cumplido su papel de garante de la legalidad, el buen gobierno y la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos».
Además, el presidente del Consultivo pone en valor la labor de control y la garantía de la legalidad que ofrece esta institución autonómica tanto en su función consultiva como en la resolución de recursos contractuales. Labores que, afirma, «desarrolla con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado».
Valladolid fue la provincia de la que procedieron mayor número de dictámenes el pasado año, con 90; seguida de Burgos (81), León (76), Salamanca (74), Zamora (38), Palencia (31), Segovia (23), Ávila (14) y Soria (8), mientras que el ámbito territorial de 23 expedientes abarcaba más de una provincia.