Vocales piden ir al Constitucional ante la mordaza a los jueces
La Mesa del Congreso rechaza escuchar su opinión sobre la ley de PSOE y Podemos
La pugna entre el Poder Judicial y los partidos del Gobierno sigue viva. Entre acusaciones mutuas de interferencia en sus atribuciones, la Mesa del Congreso acordó ayer, con la mayoría que ostentan en este órgano PSOE y Unidas Podemos, rechazar la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de «reconsiderar» la decisión de que no se escuche al órgano de gobierno de los jueces durante la tramitación de la reforma impulsada por los partidos de la coalición para limitar las facultades del Poder Judicial, una vez haya finalizado su mandato. La determinación de que no procede admitir su demanda viene avalada por los letrados de la Cámara, que recuerdan al CGPJ que solo los miembros del Congreso, esto es, diputados o grupos parlamentarios que componen el Poder Legislativo, tienen la capacidad de solicitar la reconsideración de una decisión adoptada por la Mesa del Congreso.
Sin embargo, el pasado 21 de enero, el órgano de gobierno de los jueces solicitó la «reconsideración» del acuerdo por el que la Mesa del Congreso –con los votos de PSOE y Unidas Podemos– acordó la tramitación por la «vía de urgencia» de la reforma que limita la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos mientras esté en funciones. Tanto el PP como el CGPJ habían pedido que durante la tramitación de la citada reforma se escuchara a Europa y al propio Poder Judicial, pretensiones que se rechazaron.
Además de dejar claro que el Poder Legislativo únicamente reside en las Cámaras, desde la Mesa del Congreso se ha pedido también respeto por sus decisiones, como órgano que ordena el debate legislativo y que es, asimismo, soberano en sus atribuciones. En este sentido, se mantiene que la norma mantenga su tramitación por la vía de urgencia, con lo que no se contará con el criterio de los jueces ni de Europa.
No escuchar a la UE
La decisión de la Mesa no causó ninguna sorpresa en el CGPJ. De hecho, era la que esperaban después de que la primera vez ya recibieran la negativa por respuesta. «No por esperada no lo lamentamos, porque significa que no se ha atendido las Recomendaciones del Derecho y de las instituciones europeas. Es una decisión que refleja un autismo político y jurídico», señala al respecto uno de los vocales del CGPJ.
Desde una buena parte del sector «progresista» se tiene también muy claro lo que hay detrás de esa resolución: «Era previsible –la respuesta–, pero está mal, porque en una reforma estructural que afecta al Consejo, qué menos que podamos informar. Pero está claro que tienen prisas para que no hagamos más nombramientos».
Pero no queda todo en esos extremos, sino que algunos vocales se plantean la posibilidad de instar al Pleno a acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba la reforma y todavía no han sido renovados: «No es descartable que se plantee un conflicto entre órganos constitucionales. Es una posibilidad que hay que estudiar y valorar, pero que no se puede descartar en modo alguno».
La posibilidad de acudir al TC también está encima de la mesa de algunas de las principales asociaciones judiciales.
Junto a ello, existe coincidencia en buena parte de los vocales del Consejo en que la negativa del Congreso a recabar su opinión sobre esa reforma «no sólo es un desafío a nosotros, sino, y es lo más importante, un desafío a Europa, al Consejo de Europa, que es quien estándares de independencia judicial, y a la propia UE, que es quien lo asume y hace propio». Y, añaden, «lo que es peor, que España se pueda convertir en un país no fiable en la UE».