Soluciones «okupacionales»

A firmaba recientemente la presidenta madrileña que familias humildes y desprotegidas como las de la Cañada Real no se fueron durante el temporal por miedo a que «okuparan» sus chabolas. El episodio, además de no ser casual, muestra todo un síntoma de la sensación de desprotección jurídica que inevitablemente se ha extendido entre cualquierpropietario–grande,pequeño… o muy pequeño– una vez recogida en el BOE y a instancias del Ministerio de Consumo dirigido por Alberto Garzón, la modificación que hoy jueves convalidará el Congreso en el decreto sobre «protección a consumidores vulnerables» que permite paralizar los lanzamientos de los «okupas» al menos hasta mayo. Se añade el consiguiente efecto llamada a la irrupción en viviendas privadas por parte de un determinado perfil de ocupantes blindados por el hecho de que solo se les podrá desalojar «cuando su entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediante intimidación o violencia», toda una rendija o para ser más exactos un socavón para que la «okupación» ilegal encuentre todo tipo de cobertura jurídica, teniendo en cuenta que la usurpación de viviendas se produce cuando estas están vacías. No solo da la sensación de que ampara a quienes delinquen y castiga a propietarios en muchos casos más humildes que los presuntamente humildes usurpadores, sino que entra en el torticero hilo argumental de que, llegados a estos extremos siempre habrá de primar la vulnerabilidad vulnerabilidad económica de personas sin alternativa habitacional. Ergo, otra vez cargando sobre los ciudadanos dueños en muchos casos de una propiedad ganada con el esfuerzo de años, una responsabilidad que a quien compete es al Estado y solamente al Estado en algo tan fundamental como es el derecho a una vivienda digna. El Código Penal es cristalino en su artículo 245.2 castigando a «quien ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos y se mantuviere en ellos contra la voluntad del titular», a pesar de que la experiencia acaba mostrando una realidad menos lapidaria con resoluciones judiciales lentas y desalojos demorados en muchos casos hasta los tres años. Añadido ahora el ingrediente de un decreto que se vende como «social y progresista» la conclusión es, o bien la mosca en la oreja de la intención por parte del sector podemita del gobierno de abrir el camino a la expropiación de viviendas «vacías» o bien el escenario actual. Indefensión y efecto llamada.