La Junta Militar presenta cargos contra «La Dama»
Suu Kyi está en arresto domiciliario tras hallar «walkie-talkies»
Desde que el Ejército birmano diera el lunes un golpe de Estado en la nación asiática, los uniformados han estado apuntalando su poder a conciencia. El último movimiento: presentar cargos contra la líder del país, Aung San Suu Kyi, y el depuesto presidente, Win Myint, y asegurarse así la detención legítima de estos dos referentes del proceso democrático de la nación que la asonada militar ha echado por tierra.
Ayer por la tarde, un tribunal aceptó la petición de los militares de detener a «La Dama» hasta el 15 de febrero acusada de violar una ley de importación y exportación, unos cargos que de probarse le pueden costar hasta tres años de cárcel. Según los documentos de su arresto, habrían encontrado en su vivienda varios aparatos de rastreo telefónico cuyo uso sólo está permitido por el Gobierno o el Ejército, por lo que solicitaban su detención con el fin de «interrogar a testigos, solicitar pruebas y buscar asesoría legal después de interrogar a la acusada». Mientras Mientras que imputaban a Win Myint por no haber respetado la Ley de Gestión de Desastres durante un mitin de campaña electoral en el que, según la Policía, violó las restricciones de la COVID-19, lo que le podría acarrear hasta tres años de prisión. De la orden de cárcel preventiva no se desprende claramente si ambos se encuentran recluidos en la cárcel o bajo arresto domiciliario, aunque un miembro de la Liga Nacional para la Democracia (LND) aseguró que ambos están en sus casas.
«Esto es una medida absurda de la Junta para tratar de legitimar su toma ilegal de poder», afirmó el presidente de los Parlamentarios por los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Charles Santiago. Como él, numerosos analistas consideran que el Ejército se ha valido de estos cargos para tratar de justificar la detención de ambos tras la asonada militar.
En las calles de la nación asiática se multiplicaban ayer los gestos de protesta contra lo sucedido, y el recién creado Movimiento de Desobediencia Civil de Myanmar no dejaba de sumar adeptos. Una de las protestas más significativas fue la de los médicos de 70 hospitales en más de 30 ciudades, que se negaron a trabajar y acusaron a los uniformados de priorizar sus intereses frente a los de la población durante una pandemia. «Nos negamos a obedecer cualquier orden del régimen ilegítimo que demostró no tener ningún respeto por nuestros pacientes», señalaron. En ciudades como Rangún, se sucedían las caceroladas y se cantaban consignas como señal de protesta, al tiempo que se hacían llamamientos para que los funcionarios se nieguen a trabajar bajo el Gobierno de la junta militar. Las redes sociales servían para volcar imágenes de esos actos y alertar de que el gobierno del general Min Aung Hlaing trataría de pagar a alborotadores para afirmar que la resistencia pacífica se había vuelto violenta y poder actuar con mayor contundencia. Además, desde el partido de Suu Kyi –la LND– denunciaban que sus oficinas habían sido allanadas en varias regiones e instaban a las autoridades a detener estos actos ilegales.