«Exteriores va a extraditar a mi marido a una cárcel chavista»
La esposa de Ernesto Luis Quintero, que será extraditado, teme por la vida de su marido en una cárcel chavista
España ha aceptado la extradición de Ernesto Luis Quintero Méndez, un ciudadano venezolano de 41 años, que llevaba dos años residiendo en nuestro país. Lo decidió el Consejo de Ministros el 12 de enero pasado y este mismo miércoles fue detenido por la Guardia Civil, según confirma a LA RAZÓN su mujer. Las autoridades chavistas lo acusan de un delito económico de estafa y el Gobierno español no ha dudado en dar luz verde a su entrega a Venezuela. Un país acusado por la ONU de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sin que los culpables, bajo tutela chavista, rindan cuentas. La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas pudo constatar que Nicolás Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de dichos crímenes, pues «dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes». Es a esta Venezuela –a la que la Corte Penal Internacional asegura que existe fundamento para examinar los crímenes contra la Humanidad en Venezuela desde 2017– a la que España, la vigesimo segunda mejor democracia del mundo, entregará a Quintero Méndez. «Me acaban de comunicar que mi marido saldrá rumbo a Caracas en el primer avión que haya a Venezuela desde aquí», comenta emocionada Cismary Marcano a LA RAZÓN. La joven de 35 años detalla los pasos que han dado para evitarlo; pensaba que gracias a que su marido era inocente, los recursos presentados por sus abogados de oficio y a una carta de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en la que se recordaban la falta de derechos humanos y las violaciones en Venezuela, su esposo se salvaría del peor de los destinos: «La cárcel chavista». A pesar de poder demostrar que «Ernesto Luis no estafó a nadie, en Venezuela no hay separación de poderes y ni siquiera ha habido un juicio allí. Simplemente, el fiscal Tarek William Saab, pidió una orden de aprehensión internacional y su posterior extradición. En ningún caso tendrá un juicio justo en Venezuela. Mi marido era un simple empleado, no era ni un accionista, ni un directivo, como le acusan, no firmaba nada», reconoce. Al preguntarle a Marcano por qué eligieron España, la venezolana reconoce que creían que «era un buen país, que nos iba a brindar todas las oportunidades para tener una vida digna y para darle a nuestra pequeña bienestar y la mejor educación. También valoramos que España era uno de los más de 50 países que no reconocen a Nicolás Maduro y a su régimen como legítimo».
Marcano se rompe al recordar que ha tenido que mentir a su hija, de 7 años, sobre el paradero de su padre. «Quería llamarlo para contarle qué tal le había ido en el colegio como acostumbra a hacer cuándo vuelve a casa. Le he dicho que papi está de viaje, pero se lo ha tomado muy mal». Y es que Quintero Méndez vino un año antes a España que ellas para encontrar trabajo, vivienda y comenzar con los procesos de asilo y protección internacional. La primera parte fue costosa, pero lo logró y, de hecho, era -hasta que pasó a disposición judicial el miércoles-«el miércoles-«el encargado de España de la empresa, que es extranjera». El hogar lo encontraron a las afueras de Madrid, «un cuarto para los tres», describe Marcano. Sin embargo, como sobre él pesaba una orden de detención, le denegaron cualquier asilo. Mientras que su mujer y su hija obtuvieron el permiso de residencia por razones humanitarias en enero 2020.
La entrega por parte de España ha creado indignación en la diáspora venezolana. «Llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno usurpador de Venezuela ha sido denunciado como violador de los derechos humanos», indicó Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España. Y es que la extradición de Quintero podría ser inminente. «Respetamos escrupulosamente las decisiones del poder judicial español y entendemos que España es un país democrático y constitucional, no así Venezuela, cuyo Poder Judicial y el resto de instituciones carecen de credibilidad», señaló Ecarri.