«Caso niñera»: denuncian ante la Fiscalía a Irene Montero
Piden investigar el uso de un cargo del ministerio para cuidar a su hija
A la espera de que el juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos decida si incorpora también a la causa las pesquisas para intentar esclarecer si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una trabajadora del partido –ahora asesora de la ministra– para el cuidado de sus hijos, el conocido como «caso niñera» ha llegado ya a la Fiscalía Anticorrupción. Manos Limpias presentó ayer una denuncia por delitos de prevaricación y malversación.
A la espera de que el juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos decida si incorpora también a la causa las pesquisas para intentar esclarecer si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una trabajadora del partido – ahora asesora de la ministra– para el cuidado de sus hijos, el conocido como «caso niñera» ha llegado ya a la Fiscalía Anticorrupción. Manos Limpias presentó ayer una denuncia en la sede de la Fiscalía especializada contra Montero por delitos de prevaricación y malversación por dejar presuntamente en manos de la actual asesora, Teresa Arévalo, esas «funciones de niñera» y por lo que considera la «utilización de una dependencia del Ministerio, el despacho de la secretaria de la ministra», para «sala de juegos» de los hijos del vicepresidente Pablo Iglesias y la titular de Igualdad.
En el escrito registrado en Anticorrupción –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, reclama que se cite a declarar a Montero y que testifique la exabogada de la formación morada Mónica Carmona, que fue quien trasladó al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la denuncia sobre la utilización de Arévalo como «niñera» de los hijos de Iglesias y Montero.
Precisamente de la decisión de Escalonilla dependerá el recorrido que pueda tener la denuncia en Anticorrupción, pues si la Fiscalía constata que el magistrado ya está investigando los hechos ni siquiera la tramitará, algo que sí podría hacer, si advierte indicios de delito, en el caso de que el juez que investiga la financiación de Podemos rechace de plano (sin valorarlo siquiera) indagar en el «caso niñera» por considerarlo ajeno al objeto del procedimiento.
Manos Limpias también insta a la Fiscalía a reclamar a Podemos el contrato con Arévalo, el certificado de estudios superiores de la asesora y el vídeo colgado en el portal de transparencia del partido del pasado 13 de febrero con motivo del cumpleaños de la ministra. Según informó este periódico, en esas imágenes se aprecia a la asesora con el bebé antes de que el equipo de la ministra entre en la sala con una tarta para felicitarle por su 32 cumpleaños.
Bernad –que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el «caso Ausbanc» por supuestas extorsiones a entidades bancarias de la mano de la asociación de consumidores– incluye en la denuncia a la propia Arévalo como «cooperadora necesaria» en la supuesta comisión de la malversación y prevaricación que atribuye a Irene Montero.
Manos Limpias sostiene que el nombramiento como asesora de Arévalo –que según afirma percibe un sueldo de 51.946 euros al mes– «exige titulación superior» al equipararse «con un nivel 30 de la Administración». Pero según afirma el denunciante, «no ha quedado acreditado» que la asesora de la ministra «ostente la referida titulación superior, por lo que su nombramiento supone un fraude de ley» y sería, por tanto, nulo de pleno derecho. Los puestos de libre designación, argumenta, «deben ajustarse a unos requisitos» y en este supuesto considera que «se ha producido arbitrariedad en lugar de discrecionalidad».
«Con independencia de la desviación de poder, el uso de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico» –añade– «se ha producido un conjunto de ilícitos penales». En esa misma línea, achaca a ese supuesto «uso abusivo» que Montero haya «convertido la secretaría técnica adjunta a su despacho en una sala de juegos de sus hijos».
El colectivo de funcionarios argumenta que pese al principio de intervención mínima del derecho penal y a que el ámbito administrativo ya contempla respuestas jurídicas para corregir la «desviación de poder», en este caso «el derecho penal debe intervenir» ante lo que califica como «un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger».
Manos Limpias cree que Montero habría incurrido tanto en un delito de prevaricación «en el ejercicio de funciones públicas» con la designación de su asesora, una decisión que considera «arbitraria», como de malversación. Este último, al disponer de «bienes o servicios públicos» de la Administración para fines distintos «de su destino o desviándoles del mismo».
El colectivo de funcionarios pide a la Fiscalía que se cite a declarar a la ministra de Igualdad
Solicita además que testifique la exabogada de Podemos que denunció al juez el «caso niñera»