Sanidad paraliza el informe sobre la evaluación de la gestión de la pandemia
El informe que define el marco del examen está guardado en un cajón desde diciembre
La evaluación de la gestión de la pandemia de Covid-19 sigue siendo la gran asignatura pendiente en España. Casi doce mes después de que estallara la peor crisis de salud pública de los últimos cien años, con más de tres millones de contagiados y 66.600 muertos oficiales reconocidos, los trabajos para analizar los errores cometidos y mejorar la respuesta frente al virus no sólo no han comenzado, sino que ni siquiera han visto aún la luz los criterios bajo los que deberían regirse.
De momento, las promesas que efectuó en octubre el ya ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, de poner en marcha la investigación «en el plazo máximo de un mes», han caído en saco roto, para desesperación del grupo de reputados especialistas españoles que ha venido demandándola a través de la revista científica «The Lancet» durante los últimos meses.
En el retraso ha influido la crisis ministerial producida tras la salida de Illa para concurrir a las pasadas elecciones catalanas y su sustitución por Carolina Darias. Sin embargo, la base para empezar los trabajos ya existe y no se ha activado. Se trata de un informe del grupo de trabajo sobre el marco para realizar dicha evaluación independiente que se constituyó en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado.
Dicho documento, que duerme el sueño de los justos desde hace más de dos meses, consta de 15 páginas, y en él se postula que este Consejo, en el que participan todas las autonomías, sea el que elija «de manera consensuada» a un grupo de profesionales, «con cualificación de reconocido prestigio» para constituir el equipo de planificación y coordinación de la evaluación. El documento especifica incluso que este grupo «sea un equipo reducido», de tres o cuatro profesionales, «con experiencia suficiente en la pandemia de la Covid-19 y con buen conocimiento de la respuesta de salud pública al respecto en nuestro país». A él le correspondería planificar y coordinar el proyecto de evaluación independiente, ofreciendo el apoyo necesario a los evaluadores especializados para el buen desarrollo del proyecto, así como definir los criterios para seleccionar a los evaluadores especializados por áreas.
El informe propone «identificar aquellas medidas tomadas a nivel central o autonómico y el impacto que han tenido sobre el control de la pandemia, además de ofrecer opciones de actuación
ante la Covid-19 con determinadas recomendaciones, así como saber cuándo, cómo y dónde implantarlas para conseguir su mayor eficiencia», y añade que «una vez analizado se pueden desarrollar nuevos enfoques de gestión de la pandemia que busquen dar nuevas respuestas a los desafíos identificados, optimizando así los esfuerzos realizados y haciendo una comunicación transparente de los mismos».
Recopilar información
Para recopilar la información, el grupo de trabajo que ha redactado el texto recomienda dar prioridad a la existente «en las diferentes administraciones antes que la recogida de información ad-hoc ex novo». El documento expone también que cabría realizar la evaluación a posteriori, una vez concluida la pandemia, aunque aparca tal posibilidad «al no ser esta la situación en la que se encuentra la pandemia en España», salvo que lo decida el Pleno del Consejo Interterritorial, lo que abre la puerta a que puedan decidirlo así las autonomías que forman parte del mismo, en donde forman mayoría las gobernadas por la izquierda junto con las nacionalistas.
El otro escenario es el de la evaluación con la pandemia en curso, e incluiría lo que «ha sucedido hasta ahora, intercambiar las enseñanzas extraídas y determinar las prioridades estratégicas». «Esto ayudará –apunta– a optimizar la respuesta a las próximas fases de la pandemia de Covid-19 y ante futuras situaciones similares». Apostilla que «la evaluación en este escenario es necesariamente de menor escala y alcance, se realiza en un periodo más corto de tiempo y su propósito es identificar rápidamente las acciones que puedan mejorar la situación actual en respuesta a los desafíos identificados». Los autores se empeñan en extender la evaluación «tanto a nivel central como autonómico y local», así como a los centros sanitarios que prestan servicio al Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que incluiría a la Sanidad privada, sin mencionarla.
El informe circunscribe el análisis de la gestión de la crisis a la planificación de la preparación para emergencias, la legislación, la coordinación internacional y la cooperación entre diferentes administraciones, incluyendo centros asistenciales y sociosanitarios. También las capacidades del sistema, como los planes de preparación y respuesta ante alertas en salud pública, los sistemas de alerta temprana y los modelos epidemiológicos, la identificación y aislamiento precoz de los contactos, el uso de las pruebas diagnósticas, el seguimiento de cuarentenas, la gestión de residencias de mayores y centros de acogida, prisiones o grupos de temporeros y el impacto del virus en los sanitarios.
Abarcaría, asimismo, el examen las estrategias para minimizar el impacto en la atención a pacientes libres del virus y las capacidades de hospitalización en planta y en unidades de cuidados intensivos (UCI). También la gestión de recursos humanos y materiales.
El grupo de trabajo constituido por el Pleno del Consejo Interterritorial para definir este marco de evaluación independiente está compuesto por profesionales con experiencia en evaluación de políticas públicas de los Ministerios de Sanidad y Política Territorial, y las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, entre otros perfiles, según reseña el informe.
El documento que activaría el análisis de los fallos de estos meses abre la puerta a que éste se retrase hasta después de la pandemia