Moncloa reconoce que los 35.000 bienes de la Iglesia tienen su título de propiedad
Certifica que las 35.000 propiedades cuentan con «el título material a su favor»
Absolución colectiva de Moncloa a las inmatriculaciones de la Iglesia. Es el veredicto del informe que ayer dio a conocer el Gobierno y que buscaba algo más que auditar las 34.961 propiedades eclesiásticas registradas entre 1998 y 2005 por ley hipotecaria aprobada por el Ejecutivo de Aznar.
La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, admitía que todo el proceso llevado a cabo por la Iglesia se hizo «a la luz de la legalidad» después de contar «una a una» las propiedades. Lo reconocía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde presentó esta particular auditoría que se ha enviado al Congreso. Y es que el informe es fruto de una petición del PSOE en 2017 y se había convertido en un arma arrojadiza contra los obispos.
«No se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor», describe el informe que desglosa esos 35.000 lugares en dos categorías. Por un lado, 20.055 templos y dependencias parroquiales. Por otro, 14.906 espacios que corresponderían a viviendas, locales, parcelas, solares, bosques, cementerios… El estudio llega hasta tal punto que especifica como hasta 30.335 de estos lugares se habrían registrado con una certificación eclesial, frente a las 4.583 restantes para las que se habrían usado otros documentos. Por autonomías, la Iglesia en Castilla y León sería la que más espacios habría inscrito, 10.243 propiedades, mientras que por provincias, Coruña se sitúa a la cabeza con 2.669.
«No puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición», insiste con contundencia el estudio, una tesis que avaló Calvo al asegurar que, sea a través de notas simples o de otro tipo de documentación, cada inmatriculación cuenta con un título «bastante y suficiente para la demostración». De hecho, subrayó que el listado –que se extiende a lo largo de 3.431 páginas– es fruto de un trabajo «prolijo y riguroso» que no contiene «ningún desfase».
En cualquier caso, la vicepresidenta dejó caer que, con este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de los bienes. Desde el Episcopado no tardaron en recoger el guante. De hecho, antes de que Calvo se pronunciara, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, señalaba que la Iglesia «está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide». «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo», apuntó ayer el portavoz de los obispos, que planteaba además como «estos bienes están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana». Así, recordó que tanto catedrales como colegios, viviendas y otros espacios están destinados a la liturgia, la catequesis y la caridad. Desde ahí, el también obispo auxiliar de Valladolid instó a las administraciones públicas y a la sociedad a seguir colaborando «para el mantenimiento de estos bienes y, al mismo tiempo, para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia, en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose».