El PP exige aportaciones a las sedes territoriales y a los cargos

Ante la asfixia económica, desvían a Génova un porcentaje de los ingresos regionales y de las cuotas de los parlamentarios

El PP tiene problemas para llegar a fin de mes. Los malos resultados electorales, la caída en escaños, la pérdida de poder territorial, todo son sumas para la resta en el balance en la cuenta de resultados. Esto explica que en los procedimientos internos de la organización se haya establecido que haya participaciones, hablan de un 7 por ciento, de los ingresos regionales y provinciales, para que se desvíen a la caja nacional del partido. Asimismo, los parlamentarios, los altos cargos, pagan un extra en su cuota como militantes, y también por necesidades económicas ese extra de diputados y senadores va para Madrid. En cuanto al cambio de sede, cualquier operación que afecte al edificio necesitará de la autorización de la Junta Directiva Nacional, es decir, del máximo órgano entre congresos, según establecen los estatutos. En una votación que implica a la plana mayor del partido.

Será la «mano derecha» de Pablo Casado, el secretario general, Teodoro García Egea, el que se ocupe de la operación de reubicar la sede nacional. No está decidido si se venderá o se alquilará, pero, en todo caso, en este ejercicio se cerrará un debate que esta nueva dirección arrastra desde que ganó el Congreso de la sucesión de Mariano Rajoy. Pero que ya estuvo encima de la mesa en la etapa del ex presidente del Gobierno. Génova se ha identificado en el imaginario popular con el epicentro de lo casos de corrupción que han laminado las siglas del partido durante varias décadas, y que todavía están pendientes de acabar de sustanciarse en los tribunales. Por eso el nuevo equipo siempre valoró si les convenía marcar un antes y un después, con una operación que, además, es necesaria desde el punto de vista económico. La actual sede la alquilaron en el 82/83, y el PP la compró en 2006. Las obras de reforma que ahora investiga la Justicia se ejecutaron entre 2007 y 2008. El principal valor de este inmueble, de nueve plantas, es su ubicación, en el corazón de Madrid, a escasos metros del Paseo de la Castellana. La última tasación que hicieron del inmueble, cuando llegó el nuevo equipo, dio un valor de 50 millones de euros.

El PP no sólo baraja su venta, sino también su alquiler. Todas las posibilidades están abiertas para intentar cuadrar las cuentas con los 89 escaños en los que se quedaron el 10N.

El cambio de sede es sólo una pieza de un plan más ambicioso que defienden dentro de la organización popular, pero que exige un potente liderazgo para poder implementarlo. Este plan apunta a la refundación del partido. Con un Congreso, al que optase Casado, pero con libertad para que concurra aquel que quiera, con una revisión del proyecto, y hasta con un retoque en las siglas. El mismo proceso que llevó de Alianza Popular al Partido Popular.

Pero este debate está abierto y genera tensiones, ya que también hay quien dentro del partido cree que si Casado renuncia por completo a su pasado acabará convirtiéndose en Arrimadas o en Abascal. «No se puede renunciar a una historia de éxitos y de gobiernos que acumulan las siglas del PP. Se es presidente para lo bueno y para lo malo».

Dentro de esta refundación será clave el papel o la relación que establezca el PP con Ciudadanos. Aunque Casado ya ha dicho que ha dejado a un lado el España Suma, la idea de la unión de siglas bajo la fórmula que sea, para ir en solitario a las elecciones. Es revisable, después del fracaso que han protagonizado en Cataluña los dos partidos. Y ante el empuje de Vox, que no entrará en ninguna alianza de siglas.

La operación del cambio de sede necesita del visto bueno de la Junta Directiva Nacional del partido

Su autorización tendrá que ser aprobada por el máximo órgano entre congresos, en votación de sus miembros