Se aprueba una ley pionera contra la despoblación de los territorios
La normativa introduce la política fiscal por primera vez en nuestro país
Luz verde a una de las leyes más ambiciosas del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma «pionera» que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.
Así lo destació el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en la rueda de prensa posterior en la que detalló las principales novedades de esta norma que pasa ahora al Consejo Consultivo antes de iniciar su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial.
El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.
Tal y como apuntó el vicepresidente, la Ley contempla la zonificación del medio rural siguiendo los parámetros de la Unión Europea para la clasificación de las zonas que establecen que las «zonas con intensa despoblación» son aquellas que tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; las «zonas de extrema despoblación» cuentan con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las «zonas con riego de despoblación» tienen entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado; las «zonas intermedias» cuentan con entre 20 y 50 habitantes; y, finalmente, las «zonas periurbanas» que son aquellas que contabilizan más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.
Lo más novedoso es que el Gobierno regional introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación, dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural. Esas ventajas fiscales incluyen, además, la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.