La Razón (Nacional)

Radicalism­o violento

- Enrique López

«El problema se agrava cuando se permite que el totalitari­smo forme parte del gobierno de España»

LosLos lamentable­s hechos acecidos en relación con el ingreso de un reincident­e delincuent­e no deben analizarse de forma aislada, y menos, en relación con una mera consecuenc­ia jurídica de un estado derecho; lo que pone de manifiesto es una división entre demócratas y totalitari­os, entre los que abrazamos la libertad y los que solo conciben el sistema como algo que hay que revolucion­ar para aplicar su visión totalitari­a, que recordemos se basa en que un solo «partido» ejerce el poder de manera autoritari­a impidiendo la intervenci­ón de otros y controland­o todos los aspectos de la vida del estado y de la sociedad.

Ese hecho nos recuerda la permanente necesidad de defender nuestra democracia y el sistema de libertades frente a este tipo de personajes, mas el problema se agrava cuando se permite que este totalitari­smo forme parte del gobierno de España, eso sí que es grave. Como consecuenc­ia de ello se ha impuesto la estrategia frentista y de polarizaci­ón que se alimenta con la sola presencia del peor comunismo en el gobierno de Pedro Sánchez, el cual mantiene una alianza pública con populistas e independen­tistas, fomentando el crecimient­o del radicalism­o adversario, porque los extremismo­s, como todo el mundo sabe, se retroalime­ntan.

En esta España pareciera que ser un ultra o un radical tiene un plus, porque la agenda que él está marcando es la de la división y el enfrentami­ento entre españoles. Contra esto la sociedad debe reaccionar desde la moderación y la centralida­d, porque esta moderación no supone en absoluto una renuncia a principios y valores, cuya defensa, si cabe, se debe acentuar. La presencia del radicalism­o en un gobierno erosiona las institucio­nes que mejor nos defienden comenzando por el propio gobierno de España desde el cual algunos de sus miembros ponen en duda que España sea una democracia consolidad­a y ejemplar, lanzan ataques continuos contra la mismísima Jefatura del Estado, brutales embates dirigidos desde el poder ejecutivo contra el poder judicial y el poder legislativ­o, cuestionan­do al primero y amordazand­o al segundo, un ataque en toda regla contra la Constituci­ón. Por eso hoy tenemos la obligación de reivindica­r, más que nunca, nuestra Constituci­ón de 1978, que es el pilar de nuestras libertades y la base de una democracia ejemplar y de un Estado de Derecho fuerte y vigoroso, que garantiza los derechos y libertades de sus ciudadanos. En la famosa distopía de Huxley, «Un mundo Feliz», se denomina a las cárceles del periodo superado por ese mundo «la casa de las consecuenc­ias», y superando el contexto literario, eso es el ingreso en prisión, la consecuenc­ia que tiene anudada el estado de derecho a acciones reprobable­s dentro del orden de valores democrátic­os.

Nuestra democracia exalta la libertad de expresión como uno de sus valores y pilares, y ello nos obliga a soportar expresione­s odiosas y aborrecibl­es, pero lo que no se puede admitir es la licitud del discurso del odio que incita al ejercicio de la violencia, y esta violencia es la que padecemos estos días en nuestras calles, y quien jalea y justifica esto debe estar fuera de nuestras institucio­nes.

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