El Consejo de Estado alertó de la «falta de controles» en los fondos de la UE
Ve falta de rigor y advierte de que si fuera impugnado, el TC admitiría su demanda
El Consejo de Estado denuncia que faltan «mecanismos de control» en el decreto ley de los fondos de la UE y le preocupa su eliminación en materias como la contratación administrativa o las subvenciones. Advierte de que si fuera impugnado, el TC admitiría su demanda.
El Consejo de Estado denuncia que faltan «mecanismos de control» en el decreto ley de los fondos de la UE y le preocupa su eliminación en materias como la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones. Así consta en el informe de 97 páginas que este órgano consultivo hizo público ayer, que hace referencia al decreto que el Gobierno aprobó el pasado 30 de diciembre y que fue convalidado en el Congreso hace unas semanas gracias a la abstención de Vox y con los votos en contra de los populares que exigieron entonces conocer el contenido de este documento.
De hecho, fue el Partido Popular el que denunció en sede parlamentaria que el Gobierno había arrancado el informe del Consejo de Estado. Su presidente, Pablo Casado, se lo dijo expresamente a Pedro Sánchez y también al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, así como a la portavoz del PSOE, Carmen Calvo. Ninguno de ellos quiso contestar a los requerimientos del PP. Ante la negativa del Gobierno de enseñar el informe del Consejo de Estado, desde el Partido Popular acudieron al Tribunal Constitucional pidiendo amparo. Precisamente, el órgano advirtió de que si el decreto fuera impugnado, sin duda el Tribunal Constitucional admitiría la reclamación basándose en las carencias que cita al inicio del dictamen. «Hoy se demuestra que el PP tenía razón con su denuncia. Que Sánchez ocultaba el informe porque tenía mucho que ocultar», subrayan fuentes populares a LA RAZÓN.
Se trata de un dictamen demoledor porque el Consejo, en la parte final del escrito, dice, expresamente que «expresan su preocupación» precisamente ante «la eliminación» o modulación de dichos mecanismo de control. El órgano que presiden María Teresa Fernández de la Vega aprobó este informe por unanimidad en la sesión dedicada a ello, el pasado 21 de diciembre, según consta en el mismo. Sin embargo, no ha visto la luz hasta dos meses después de su redacción pese a la insistencia también de algunos de los socios de la coalición como Esquerra que se descolgaron de la aprobación del decreto y exigieron en aquel momento conocer el contenido.
En Moncloa, desde un primer momento negaron haber escondido el informe. Insistieron en que no era obligatorio que acompañara al Decreto en el Congreso y que ni era vinculante ni perceptivo. Además insistieron en que incluyeron algunas de las recomendaAsimismo, ciones, sin decir expresamente cuáles. Además, defendieron que pedir estos informes al Consejo de Estado, es precisamente, una potestad que tiene el Gobierno para mejorar sus normas y que por eso lo habían hecho. No obstante, el contenido hecho ayer es un auténtico varapalo al Ejecutivo.
En este sentido, el Consejo se fija además en una cuestión que no es baladí: la necesidad de que haya «un riguroso» control de la «asignación de los fondos y de su vinculación con los fines para los que sean concedidos». Es decir, se pone en entredicho la seguridad económica y jurídica de la normativa, una cuestión realmente importante si se tiene en cuenta que a España llegarán durante los próximos siete años un total de 140.000 millones de euros. Asimismo, el Consejo de Estado hace una «severa crítica» al hecho de que el Gobierno no incluyese la visión del órgano administrativo que fiscaliza los movimientos presupuestarios. Dice expresamente que «debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que no se han incorporado al expediente remitido los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado».
el documento señala que en el decreto «se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario» de las medidas, que «comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público». «No cabe duda de que puede ser difícil cuantificar dicho impacto en un contexto como el actual, de máxima urgencia en la aprobación de las medidas necesarias para la gestión y ejecución de los fondos europeos», apuntan en el informe, aunque creen que sí se puede manifestar la incidencia esperada de las distintas medidas del proyecto y elaborar con ello una estimación de su repercusión.
Respecto a una de las grandes novedades de la Ley, la que hace referencia a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destaca que hay indefinición y dudas de que el desarrollo reglamentario pueda modificar la propia naturaleza jurídica de esas entidades.
En definitiva, a lo largo del texto son varias las ideas que se repiten y que ponen contra las cuerdas al Ejecutivo. Por un lado, hace hincapié en un «riguroso control» en la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos, al tiempo que también advierte de la necesidad de «contar con plazos suficientemente amplios» para realizar las evaluaciones ambientales «con todas las garantías». Y, por último, se pone en foco la redacción de algunos preceptos, tanto desde el punto de vista gramatical como de técnica legislativa. Subrayan que hay errores jurídicos relevantes y se insta a revisar la redacción y expresiones incorrectas del mismo.
«Las observaciones tienen un denominador común: la preocupación de este organismo ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» «Preocupa que la significativa reducción de los plazos para evacuar algunos trámites de las evaluaciones ambientales produzca, precisamente, un resultado contrario a aquel que pretende el proyecto normativo consultado» «No parece aceptable, a juicio de este Consejo, eliminar con carácter general la autorización de la Ministra de Hacienda. Debería, pues, mantenerse, al menos para aquellos supuestos en los que se exceden determinados umbrales» «Debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que no se han incorporado al expediente remitido los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado»