El juez propone sentar en el banquillo a Rato
Le acusa de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal
titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha propuesto procesar al exvicepresidente del Gobierno y ex director del FMI Rodrigo Rato por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal, según consta en un auto en el que el instructor acuerda transformar las diligencias previas de la instrucción por el procedimiento abreviado. Esta resolución marca el fin de la investigación judicial y es la última que, en fase de instrucción, puede ser recurrida ante el propio órgano judicial y en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El instructor considera acreditado que en 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media «a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros» a cambio de obtener dichos trabajos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento controlada por Alberto Portuondo. Este último transfirió a la sociedad Kranodara 2001 SL, controlada por Rodrigo Rato, 835.024 euros. Por su parte, el gestor de las empresas del exvicepresidente, Miguel Ángel Montero Quevedo, recibió de Albisa a través de una empresa de su propiedad, Montelayos, una transferencia de 189.704 euros.
En el auto, el magistrado Serrano-Arnal concluye que Rato, tras ser nombrado presidente de Caja Madrid, contrató como secretaria a Teresa Arellano, quien ya había trabajado para él durante su paso por el Gobierno. Después fue ascendida como directora de Coordinación de Presidencia, por lo que llegó a tener a su cargo la Dirección de Comunicación. Y bajo las indicaciones del presidente contrató la sociedad ‘Lateralmente’, controlada por Portuondo, quien según el instructor se repartió comisiones con la firma Kranodara, propiedad de Rodrigo Rato.
La resolución destaca que tras la creación de Bankia esta entidad financiera contrató a la empresa Albisa Inversiones, también dirigida por Portuondo. Y según el magistrado «las facturas aportadas por los procesados no se correspondían con una contraprestaciónrealdelosaludidosservicios de consultoría sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa ( Portuondo) de las puEl blicitarias Zenith y Publicis por los contratos de publicidad que firmaron con Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rato de dicha entidad».
Portuondo fue «captado» por el administrador de las empresas de Rato, Miguel Ángel Montero Quevedo, quien se dirigió al Grupo Publicis «en calidad de comisionista, a quienes ofreció conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos de publicidad con la entidad financiera Bankia». La secretaria de Rato, Arellano, es la que firma en representación de Bankia el contrato de asesoramiento y planificación con Zenith.