La juez se hartó de que el club no colaborase
Constató en las prórrogas del secreto que faltaba documentación
El registro policial en las oficinas del Barça que ha sacudido los cimientos institucionales de la entidad se ha producido nueve meses después de que la juez que instruye el caso, Alejandra Gil, reclamase al club catalán toda la documentación sobre los contratos con I3 Ventures.
En ese tiempo, según confirman fuentes jurídicas, la magistrada se quejó recurrentemente de que el Barça no remitía los papeles que le requirió en mayo del pasado año, en la resolución en la que admitió a trámite la denuncia de un grupo de socios, pertenecientes a la plataforma Dignitat Blaugrana. Según esas mismas fuentes, en las sucesivas resoluciones en las que ha ido prorrogando el secreto de las actuaciones ha esgrimido varias veces que no disponía de la documentación solicitada.
Sin embargo, en la última prórroga, del 9 de febrero, la instructora adujo que esperaba recibir informes policiales y que se había recibido documentación todavía pendiente de analizar. analizar. Fuentes jurídicas apuntan que la documentación remitida por el Barça no incluía toda la información que se le requirió judicialmente en mayo de 2020.
De hecho, el abogado Constantino Adell, que representa a los ocho denunciantes –que ejercen la acusación particular en esta causa– instó a la magistrada en octubre del pasado año que volviera a reclamar al club toda la documentación, apercibiendo a la entidad de que podía incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia si perseveraba en su negativa.
Hasta el punto de que, finalmente, a la magistrada no le ha quedado más remedio que mandar a los Mossos a las oficinas del club para llevarse toda esa información que considera necesaria para esclarecer si por parte de algunos directivos se pudieron cometer delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios con la contratación de I3 Ventures.
Fuentes de la Fiscalía apuntan a dos objetivos en la actuación policial: las cuentas de la Masía y de la Fundación del club, dos de los seis departamentos que el Barça habría usado para las contrataciones que se pagaban a través de áreas «que no tenían nada que ver con ellas pues no lo habían encargado ni tenían por qué pagarlo».
¿Qué documentación reclamaba la juez? Una copia de los contratos firmados desde 2017 entre el Barça y sus diferentes secciones, fundaciones, filiales y delegaciones con I3 Ventures y sus empresas vinculadas, así como «facturas y registros contables que documenten esos pagos y los justificantes de las transferencias». La juez instó al club a identificar a las personas que mediaron en la adjudicación de esos contratos y que negociaron las condiciones e importes y supervisaron su ejecución. Del mismo modo, quería examinar la normativa interna del club sobre los requisitos de contratación, importes y órganos competentes para las adjudicaciones.
Y también exigió la actas de las juntas directivas desde febrero de 2020, especialmente las que abordaron esa contratación y las dimisiones de directivos que se derivaron del escándalo. La magistrada también requirió al club que identificara a los responsables del área de Cumplimiento Normativo que supervisaron la contratación.
La instructora reclamó al club toda la información sobre esos contratos y la identidad de los directivos que los negociaron