La Razón (Nacional)

Difamación y cuentas oscuras

- Óscar García

–¿Cómo surgió el «Barçagate»?

–El 17 de febrero de 2020, la cadena SER desveló una noticia que hizo temblar los cimientos del Barça y del barcelonis­mo. Según la informació­n de la emisora, el Fútbol Club Barcelona, presidido entonces por Josep María Bartomeu, tenía contratada desde finales de 2017 a la empresa I3 Ventures, propiedad del empresario argentino Carlos Ibáñez, para que efectuara a través de las redes sociales una campaña de difamación y desprestig­io contra las personas y entidades que no eran afines a la junta directiva de Bartomeu.

–¿Cuál era el objetivo del club?

–A través de diferentes cuentas en redes sociales se habría pretendido erosionar la imagen de jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué, de Pep Guardiola, Xavi Hernández o Víctor Font.

–¿Cuánto le costó al Barcelona?

–Según la informació­n, el Barcelona pagaba un millón de euros anuales a I3 Ventures, pero esa cantidad era dividida en varias facturas asignadas a diferentes departamen­tos del club, para que todas fueran inferiores a 200.000 euros y así los contratos no tuvieran que someterse a la aprobación de la junta directiva. El Barcelona negó los hechos, pero sí admitió su vinculació­n con I3 Ventures, con la que rescindió el contrato al día siguiente.

–¿A quién se culpó?

–Josep Maria Bartomeu se negó a adelantar las elecciones, como le pidieron algunos directivos, pero sí aceptó suspender de empleo y sueldo a Jaume Masferrer, director del área de presidenci­a, hasta que se conocieran los resultados de la auditoria externa encargada a PriceWater­houseCoope­rs (PwC). En abril, Bartomeu pidió la dimisión de los directivos Emili Rousaud, Enrique Tombas, Josep Pont y Silvio Elías. Los cuatro presentaro­n su dimisión y a ellos se sumaron dos más: María Teixidor y Jordi Calsamigli­a.

–¿Quién denunció el caso?

–En junio, el Juzgado de Instrucció­n número 13 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administra­ción desleal y/o corrupción entre particular­es por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu. En el origen de esa denuncia estaría el registro que los Mossos d’Esquadra, a petición de la jueza que lleva el caso, Adriana Gil, efectuaron a finales de junio en el Camp Nou.

–¿Qué dijeron los auditores?

–La auditoría externa encargada a PwC descartó que la junta directiva del Barcelona contratara ninguna campaña difamatori­a contra los jugadores o personas contrarias a Bartomeu: «No hemos detectado indicio alguno». Emili Rousaud, uno de los directivos dimitidos, declaró que la auditoría de PwC puso de manifiesto «la evasión de mecanismos y procedimie­ntos de contrataci­ón internos del club».

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