La Región mete prisa a Sánchez con los 182 millones del IVA de 2017
La Junta envía una carta a la ministra María Jesús Montero donde pide que acelere el proceso
Castilla y León no quiere dejar pasar el tiempo y mete prisa al Gobierno de España para que abone cuanto antes los 182 millones de euros que adeuda a esta Comunidad en concepto de la liquidación del IVA correspondiente el ejercicio de 2017, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo. que fallaba el pasado 19 de abril a favor del Ejecutivo autonómico en su pleito con Sánchez y su equipo.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que pide «que se aceleren los trámites» para el ingreso de ese dinero que, según avanzaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras conocerse la sentencia se dedicará íntegro a la recuperación económica de la pandemia, para ayudar a los sectores más castigados por esta crisis sanitaria y para mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar de los castellanos y leoneses.
Pese a la premura, la intención de la Junta es la de dialogar primero con el Gobierno de España para llegar a un acuerdo y un entendimiento y, si fuera necesario, mantener las reuniones con el Ministerio de Hacienda que la ministra vea convenientes.
Asimismo, el consejero aprovecha la carta para pedir a la ministra una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y finaliza la misma agradeciendo «de forma anticipada» a María Jesús Montero su colaboración para agilizar este proceso, en el que, insiste, ofrece la cooperación de la Administración autonómica en lo que se precise.
La sentencia del Tribunal Supremo, además, abre un serio problema al Gobierno de Sánchez, ya que tendrá que devolver a las comunidades autónomas más de 2.600 millones de euros por una mala praxis en la liquidación del IVA de 2017.
Hasta ahora, la ministra de Hacienda se había negado de forma contundente a devolver ese dinero a las autonomías. «Ya estamos en 2020 y el tema se tenía que haber resuelto en 2019. No hay ninguna novedad», llegó a decir hace un año cuando varias regiones anunciaron que irían a los tribunales por este motivo.
Esta petición ha sido un empeño personal del presidente de Castilla y León que en numerosas ocasiones ha exigido al Ejecutivo central pagar esta cantidad, un compromiso que además recoge el Pacto por la Reactivación Económica de la Comunidad, firmado entre la Administración regional, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.
Y recuerda también que el Tribunal Supremo señala en su texto que el Gobierno de Sánchez «vulnera el principio de lealtad institucional y el de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas».