Estado de alarma caótico

ComoComo viene siendo habitual durante toda la pandemia del Covid-19, el Gobierno prefiere eludir la responsabilidad directa y dejar que cada comunidad administre según su criterio la manera de afrontar la crisis. Cuando le interesa políticamente, carga contra la gestión de alguna comunidad, incluso insinúa que se falsea el número de casos y muertos –como llegó a hacer Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid– o directamente mira hacia otro lado ante las incidencias más altas en regiones que afectan a sus socios políticos o directamente a su partido. Podría entenderse que a lo largo de casi año y medio de pan de mi a hubiese habido momentos de improvisaciónante una enfermedad desconocida, pero no cuando se trata de una medida legislativa, como es el decreto del estado de alarma, que tenía una fecha de caducidad. La herramienta legislativa que permite a las comunidades autónomas limitar movimientos, establecer horarios de cierre y aplicar el toque de queda ha provocado un enfrentamientojurídico sin sentido. Si ahora son los tribunales superiores de cada comunidad los que tiene la potestad de limitar derechos –tal y como quería el Gobierno– ha causado contradicciones como que en el País Vasco, con la incidencia más alta de casos en España, con un total de 463 por 100.000 habitantes –Madrid, por ejemplo, es de 323–, el Tribunal Superior de Justicia haya tumbado las restricciones que el gobierno vasco quería aplicar una vez levantado, desde mañana, el estado de alarma. El TSJPV impide que incluso pueda aplicarse la Ley Orgánica de Sanidad de la Comunidad. Por contra, el máximo órgano ha permitido las restricción en la Comunidad Valenciana, tal y como había solicitado la Generalitat, pese a que su incidencia es una de las más bajas (41). Idéntico caso se ha producido en Baleares (59), siguiendo los planes del gobierno insular. Es decir, en estos momentos las decisiones están sometidas a diecisiete tribunales de justicia que pueden interpretar la legislación libremente, sin la necesidad de entrar en detalles del desarrollo de la epidemia, sino en estricto sentido de si se vulneran derechos. Ya había advertido el Tribunal Supremo que el cambio legal del Gobierno, según el cual le da bala última palabra a la Justicia, les hacía cómplices, no sólo de la vulneración de derechos, sino de actuar conforme a los intereses del Ejecutivo. Da la impresión de que celebradas las elecciones de la Comunidad de Madrid, que el PSOE había situado con objetivo prioritario para desmontar la gestión seguida por Díaz Ayuso, ahora se desentiende y deja que cada región actúe según su criterio, aunque con la cortapisa de que puede ser censurada por los tribunales superiores. De nuevo hay una incapacidad de mantener un criterio común –de aplicación diferenciada–, de la misma manera que el Gobierno todavía no sabe qué hacer con las miles de vacunas AstraZeneca almacenadas. Más improvisación.

«No tiene sentido que sean los tribunales superiores los que decidan las restricciones»