Otegi ya tiene las llaves de las cárceles
El Ejecutivo transfiere al País Vasco las competencias de instituciones penitenciarias
El traspaso de competencias penitenciarias al País Vasco es un hecho. Desde octubre, las decisiones sobre permisos, clasificación de grados (que permiten mayor flexibilización en el cumplimiento de la pena) y acuerdos de libertad condicional ya no serán acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, sino por el departamento homónimo vasco. Las víctimas del terrorismo recelan.
El traspaso de la gestión de prisiones al Gobierno vasco –una vieja reivindicación de los nacionalistas– no se hará efectivo hasta el próximo octubre, pero ya ha despertado el recelo de las víctimas del terrorismo. La cesión de esas transferencias atañe a los tres centros penitenciarios situados en su territorio – Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Guipúzcoa)– y aunque el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la política penitenciaria seguirá en manos del Ejecutivo central, lo cierto es que las juntas de tratamiento de cada prisión, las encargadas de pronunciarse sobre posibles permisos penitenciarios o en relación a la progresión de grado (siempre a expensas de lo que diga en último término la Justicia) pasarán a depender del Ejecutivo de Vitoria. Algo que mantiene alerta a las asociaciones de víctimas, que aunque históricamente no han podido tener ni voz ni voto en la ejecución de medidas penitenciarias como traslados, permisos o cambios de grado (al no estar personadas en esos procedimientos de ejecución de la pena), sí son informadas por el Ministerio del Interior al respecto, una comunicación que tendrán que reclamar desde este momento al Gobierno vasco.
Covite, la asociación de víctimas del País Vasco que preside Consuelo Ordóñez, ya ha dado un paso al frente al reclamar a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Beatriz Artolazabal, que se establezca «un protocolo de comunicación directo» y se les informe «con total transparencia» de las decisiones que se tomen respecto a los presos de la banda ETA.
Pero, a efectos prácticos, ¿en qué se va a traducir este traspaso de competencias? Fundamentalmente, en el hecho de que las decisiones sobre permisos, clasificación de grados (que permiten una mayor flexibilización en el cumplimiento de la pena) y acuerdos de libertad condicional ya no serán acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, sino por el departamento homónimo del Gobierno vasco. Algo similar a lo que sucede ya en Cataluña.
Pero, en todo caso, la última palabra la seguirá teniendo el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (o en su caso, si es recurrible en apelación, la Sala de lo Penal de este tribunal), que al tratarse de condenas de terrorismo es quien ha juzgado y condenado a los miembros de ETA.
O lo que es lo mismo, el permiso propuesto por la Junta de Tratamiento y avalado por la dirección de la prisión y por el departamento penitenciario del Ejecutivo vasco seguirá dependiendo en estos supuestos del juez central de Vigilancia Penitenciaria (no solo en el caso de los terroristas, sino también en todos aquellos internos que hayan sido condenados por la Audiencia Nacional).
De este modo, será la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vasca la que proponga el permiso y la Audiencia, como hasta ahora, la encargada de ratificarlo. Como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Cataluña con los condenados del «procés»: cuando la Fiscalía no ha estado conforme con las decisiones penitenciarias (permisos o vía del 100.2, por ejemplo) adoptadas por la Generalitat sobre los condenados, ha acudido en última instancia al tribunal sentenciador (en este supuesto, el Tribunal Supremo).
«Se aplica la misma normativa penitenciaria que ahora y el que resuelve es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria –hacen hincapié fuentes de la Audiencia Nacional–. Lo único que varía es el órgano emisor, que a partir de ahora serán las autoridades penitenciarias vascas».
Fuentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo recuerdan que aunque la Junta de Tratamiento de cada centro puede pronunciarse sobre los traslados de presos (la política de acercamiento de reclusos de ETA impulsada por el Gobierno ha situado a una treintena de ellos en cárceles vascas), esa competencia dependía hasta ahora de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y, subrayan, su decisión «no es recurrible ante el juez, sino en alzada ante Instituciones Penitenciarias».
Del mismo modo, señalan que el Estatuto de la Víctima reconoce a éstas el derecho a «personarse en situaciones muy concretas: cuando se tramita la libertad condicional o cuando se acuerda el tercer grado siempre que la pena sea inferior a cinco años» (algo que excluye a la mayoría de condenados de la banda terrorista).
Como hasta ahora, recalcan desde la AVT, la concesión del tercer grado se paralizará si recurre la Fiscalía (no así cuando se trata de la libertad condicional) hasta que se pronuncie el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
En declaraciones a LA RAZÓN, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, deja claro que su asociación no se opone a la reinserción de los presos etarras, pero advierte de que «cuando se les conceda el tercer grado exigiremos que nos demuestren que se cumplen los requisitos, porque los abertzales no quieren que se exija arrepentimiento, pero la ley sí lo exige».