El PSOE ya apostó en 2015 por el fin de la declaración conjunta
El Gobierno asegura ahora que nunca ha enviado a la UE el informe del Plan que propone eliminar la reducción del IRPF
El Gobierno está haciendo celebre la frase de «donde dije digo, digo Diego» o lo que es lo mismo un día apuesta por una cosa y a la siguiente mañana, por su contraria. Desde que comenzó la legislatura, son ya celebres sus vaivenes a la hora de adoptar sus decisiones. Por eso su comportamiento indeciso y de bandazos no iba a ser diferente en la reforma fiscal que prepara, con la que pretende recaudar más de 6.000 millones y que afectará, sobre todo, a los bolsillos de las rentas medias y bajas. En este contexto, un mes antes de las elecciones generales de 2015, Pedro Sánchez avaló un documento del PSOE en el que se recogía una batería de medidas para la conciliación laboral y personal. Entre este paquete destacaba la supresión de la ya famosa reducción de 3.400 euros de la base imponible del IRPF por declaración conjunta. Concretamente, el documento apostaba por la «revisión del sistema de tributación conjunta en el IRPF para incentivar la incorporación de las mujeres» al trabajo, en su enumeración de medidas a acometer en el punto 29, referido a la fiscalidad y a la igualdad de género.
Ahora, casi seis años después, en su Plan de Recuperación, que remitió a Bruselas el pasado viernes 30 de abril, también ha incluido esta medida. Sin embargo, en estos momentos reniega de su parternidad y la achaca a expertos independientes. Según el Ejecutivo, esta es una propuesta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). No obstante, la estudiará el grupo de expertos constituido por Hacienda para elaborar la reforma fiscal. De hecho, así se recoge en la componente correspondiente del Plan de Recuperación. Efectivamente, Efectivamente, esta supresión es una propuesta que realizó, en su día, la AIReF en su informe sobre la revisión de los beneficios fiscales y, por ende, del gasto público. Pero también es una propuesta efectuada con anterioridad por el PSOE, tal y como recoge en su documento denominado ‘Conciliación y corresponsabilidad. De vivir para trabajar a trabajar para vivir’, fechado en noviembre de 2015.
En la actualidad, después de comprobar la polémica desatada tras su publicidad, el Gobierno, por boca de su vicepresidenta económica, restó importancia la semana pasada a esta medida y achacó su redacción a «una errata» propia de un documento tan extenso, como es el caso del informe del Plan de Recuperación de 348 páginas, en el que se incluye como una medida a propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia económica del Gobierno aseguran a LA RAZÓN que ese documento donde figura esa «errata», como formulada por el Gobierno y no por la AIReF, no ha sido remitido, en ningún momento, a Bruselas. Este documento, documento, fechado el 30 de abril jornada en la que se envió a Bruselas el Plan, de una extensión de 348 páginas, incluidos los anexos, es un resumen del propio Plan de Recuperación, que está integrado por más de 2.000 páginas, que permite buscar y moverse por el mismo con mayor exactitud. Aunque nunca ha sido remitido a la Comisión Europea, tanto la vicepresidenta económica como la ministra de Hacienda han omitido públicamente este hecho y han preferido, la primera, hablar de «erratas» para renegar de la parternidad de la medida y, la segunda, insistir en que es una medida de la AIReF. Sin ir más lejos, ayer mismo en rueda de prensa para explicar las componentes 27, 28 y 29 que afectan a su Departamento, optó por recordar que se trata de una propuesta de la AIReF.
La eliminación de esta reducción reportaría a las arcas públicas 2.393 millones más por IRPF, la misma cuantía que saldría de los bolsillos de los matrimonios bien porque uno de los cónyuges no tiene ingresos o bien porque son ínfimos.