La polémica «Ley Rider» se aprueba hoy entre protestas
El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros la «Ley Rider» a la vez que los repartidores de diversas plataformas digitales se concentrarán a sus puertas bajo los lemas «Stop Ley Rider» y «Sí soy autónomo».
La ley pactada por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con los sindicatos sindicatos CC OO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, regulará la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales. En el texto acordado por las partes se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena en lugar de autónomos.
Ayer, en un rueda de prensa, Díaz presumía de que España va a ser el primer país que tenga una norma sobre plataformas digitales. Mientras, los «riders» denuncian haber quedado excluidos de las negociaciones y recuerdan que esta norma dejará a 15.000 repartidores en la calle. Las organizaciones Repartidores Unidos y APRA han convocado manifestaciones para este martes en nueve ciudades españolas centrando su campaña en pedir a los diputados que voten en contra de esta norma. «Necesitamos su no a la ‘Ley Rider’. Esta ley no puede ser un decreto sin participación de nadie», han subrayado.
Miles de «riders» pro-autónomos ya se han manifestado hasta en tres ocasiones anteriormente para señalar que está medida dejará sin empleo a aquellos repartidores que sí son autónomos y compaginan varios empleos. En la protesta que se produjo el 11 de marzo durante la presentación de esta ley, el presidente de APRA, Jordi Mateo, la calificó como «la ley Anti Rider», mientras que, para Yolanda Díaz, «esta es una ley buena para estos trabajadores, para preservar sus derechos». De aprobarse, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.