¿Por qué protestan los colombianos?

Colombia cerró 2020 con una deuda pública del 62% del PIB y un déficit cercano al 9%. La situación podría parecer que no es alarmante porque, en principio, los pasivos estatales siguen siendo bajos y el nubarrón del déficit debería remitir conforme se supere la pandemia. Pero no es así. Para los estándares hispanoamericanos, una deuda del 62% entra en el rango de preocupantemente alta (Argentina está en default con poco más del 90%) y el déficit amenaza con enquistarse en niveles igualmente altos durante demasiado tiempo (se teme que este año supere el 10%, lo que llevaría la deuda al 72%). Por eso, y porque Colombia no cuenta con ningún socio rico que esté dispuesto a avalar su deuda (como hace Alemania con España), los planes de austeridad han comenzado a colocarse encima de la mesa. Y sólo hay dos formas de cuadrar las cuentas: aumentando impuestos o recortando gastos. El Gobierno de Iván Duque ya ha comunicado que no sólo no piensa recortar el gasto sino que plantea incrementarlo volviendo permanentes algunas de las medidas de asistencia social que, con carácter extraordinario, se habían adoptado durante la pandemia (por ejemplo, el Ingreso Solidario: una especie de renta mínima de inserción que únicamente pretendía estabilizar durante la crisis la situación de las familias más pobres del país). De modo que, si es necesario recortar el déficit e incrementar el gasto, sólo queda subir los impuestos. Y eso es lo que planteó el ex ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla: una subida impositiva equivalente al 2% del PIB. Dado que, en tiempos normales, Colombia obtiene unos ingresos públicos del 30% del PIB, se buscaba subir la recaudación en casi un 7% con respecto al nivel actual.

Una reforma fiscal de este calibre no puede afectar sólo «a los más ricos», sino que por necesidad perjudicará a las clases medias o medias-altas: simplemente, no hay tanto que rascar de los superricos. Así, el rejonazo inicialmente planteado consistía en incrementar el IRPF a los contribuyentes que ingresen más de 660 dólares mensuales (aproximadamente el salario medio del país, lo que en España supondría subírselo a todos los que ganen más de 1.800 euros mensuales), así como establecer un IVA del 19% a servicios como el agua, la luz o el gas. También se prorrogaba el Impuesto sobre el Patrimonio o el recargo en el de Sociedades. Pero la clase media no quiso aceptar esta subida y salió a la calle para reclamar no que la austeridad se ejecute por la vía de los recortes del gasto, sino sólo con subidas de impuestos a los ricos. La misma irrealidad en la que arraigó el 15-M y Podemos a partir de 2012.