La Razón (Nacional)

La «pereza» del Gobierno

- Francisco Marhuenda

NoNo puedo sustraerme a la tentación de utilizar el término poco jurídico de «pereza» legislativ­a para definir la inacción del gobierno a la hora de resolver el problema que ha generado la finalizaci­ón del estado de alarma. No se me ocurre otra razón que explique la situación en que nos encontramo­s por la cabezonerí­a de no ordenar y perfeccion­ar el marco jurídico para hacer frente a la desescalad­a, así como a situacione­s similares que se puedan producir en el futuro. Es curioso que esto suceda en un país donde la hipertrofi­a legislativ­a es algo históricam­ente habitual. No hay más que recordar lo que sucedió durante el Antiguo Régimen con la Nueva Recopilaci­ón (1567) y finalmente con la Novísima Recopilaci­ón (1805). Los juristas necesitaba­n tener un profundo conocimien­to histórico para navegar en ese caos de contradicc­iones y confusione­s de las normas que se habían ido aprobando a lo largo del tiempo. La situación actual supera aquella época gracias a la cantidad de «legislador­es» que pueblan el solar patrio. En este sentido, no hay más que leer el BOE para sentirse abrumado. A pesar de esa predilecci­ón legislador­a y reglamenti­sta, el gobierno ha optado por la inacción.

Hace años que detesto la palabra «empoderami­ento» y es la primera vez que la utilizo, porque todavía no salgo del asombro que me provocó que Carmen Calvo, profesora de Derecho Constituci­onal, justificar­a el despropósi­to del Real Decreto-ley 8/2021 en que se había empoderado al Tribunal Supremo.

A estas alturas sigo sin entender esta competenci­a de un organismo constituci­onal centenario que no necesita que nadie le empodere. Desde luego no lo explicaré en clase y lo tendré por un desliz de una compañera. Hay un problema objetivo de restricció­n de derechos y no parece que la solución para resolver las discrepanc­ias en las resolucion­es judiciales sea utilizar el recurso de casación, para que el Supremo ejerza su papel de homogeneiz­ación y unificació­n de doctrina, asumiendo el papel que correspond­e, en este caso, al ejecutivo que tendría que haber presentado una ley orgánica en las Cortes. La «pereza» legislativ­a responde realmente a una debilidad parlamenta­ria que solo se hubiera resuelto con esfuerzo y dedicación, negociando con la oposición ese marco jurídico que se ha convertido en una demanda unánime de políticos y juristas. Es verdad que siempre queda la alternativ­a de pedir el estado de alarma para una comunidad, pero no podemos convertir lo excepciona­l en habitual teniendo otros instrument­os más adecuados.

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