El Congreso aprueba la ley que velará por evitar la violencia en la infancia
Contará con una financiación de 70 millones de euros para su puesta en marcha
El Congreso de los Diputados aprobó ayer casi por unanimidad la ley de protección a la infancia, que velará por evitar la violencia contra los menores, una norma pionera que ha suscitado un amplio consenso y da respuesta a demandas históricas de las organizaciones de infancia. La ley fue refrendada con 297 votos a favor y 52 en contra, correspondientes a Vox, que la ha llamado «Ley Herodes».
Pese a la celebración general de la ley, algunos grupos rechazaron ciertos puntos del texto legislativo. La mayor oposición se ha dirigido al artículo 39 que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que, según han alertado varias formaciones y ONG de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias».
Tras su entrada en vigor el texto dará más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que la prescripción de los delitos empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años (no 18 como en este momento) y cualquier persona que conozca un caso o sospecha de violencia contra un menor deberá comunicarlo a las autoridades.
Con una financiación de 70 millones de euros, la nueva norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.
Con esta norma cuando un caso llegue a los tribunales los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación, y quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o existan indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno el pasado mes de junio por trámite de urgencia, muchas de ellas trasladadas por las propias entidades de infancia.
En la Cámara Alta se ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores no acompañados, y sumó el respaldo de los partidos nacionalistas al garantizar el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. También agrega la limitación de las medidas de contención física, como las sujeciones a la cama en centros de menores.
En la Cámara Baja se mejoró el reconocimiento del derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y se ha eliminado planteamientos sin base científica, como el llamado síndrome de alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.
Durante el debate de la ley en el Pleno del Congreso estuvo presente la crisis migratoria en Ceuta, donde han llegado más de 8.000 personas de forma irregular, de ellos unos 1.500 menores; así como las «imágenes terribles» de los menores víctimas de la escalada bélica entre israelíes y palestinos.
Las organizaciones sociales coincidieron en señalar que es una «ley pionera», que supone un avance histórico, situando a España como referente a nivel internacional e incorporando los requerimientos del Comité de Derechos del Niño desde 2010. Pero advirtieron que ahora queda aplicarla: se fijan plazos y se expresan compromisos que deben ser cumplidos, según destacaron Save the Children, la Plataforma de Infancia y Unicef a la Agencia Efe.
En este sentido, recordaron el mandato de crear juzgados especializados en infancia, la aprobación de una estrategia y la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil, que va a dar voz a los niños para la elaboración de las políticas públicas.