El Gobierno regula que copiar en un examen sea falta leve
Aprobado el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria que prevé tres años de expulsión por plagios y novatadas
Las universidades públicas tendrán un nuevo marco legal para castigar novatadas que atenten contra la dignidad de las personas en el ámbito universitario, los plagios de tesis, trabajos fin de grado o máster, el acoso sexual o la violencia. Serán conductas tipificadas como muy graves que conllevarán la expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta y la pérdida de derechos de matrícula parcial durante el curso académico.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la regulación vigente, de 1954, al considerar el departamento que dirige Manuel Castells que el reglamento vigente incluía «sanciones «sanciones desproporcionadas, anacrónicas, de la época del régimen franquista y solo afectaba al estudiantado». La ley se espera que sea remitida al Congreso antes del verano y que entre en vigor a principios de 2022.
Será considerado también «muy grave» la discriminación por razón de sexo, edad u orientación sexual; alterar, falsificar, sustraer o destruir documentos académicos, o utilizar documentos falsos ante la universidad; sustraer obras del patrimonio universitario de la universidad o plagios totales o parciales.
Será considerado grave robar un examen, impedir actividades universitarias o falsear los resultados de un examen o trabajo. En este caso, se contempla la expulsión de un mes de la universidad en la que se haya cometido la falta falta (excepto en época de matrícula y exámenes).
Copiar en un examen será considerado una falta leve y, en este caso, se podrá aplicar una medida sustitutiva de carácter educativo o reeducador. La nueva ley crea un mecanismos de mediación voluntario para llegar a un acuerdo entre las partes, obliga a las universidades a crear comisiones de convivencia en el margen de un año desde que se apruebe la ley en el Parlamento y actualiza el régimen disciplinario que entrará en juego cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación, cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo.
La regulación afectará a las universidades públicas, pero también a los centros universitarios de la Defensa, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Los rectores están satisfechos con el anteproyecto y el papel clave que se da a la mediación para resolver los conflictos.
La nueva ley crea un mecanismo de mediación voluntario para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes