Moncloa recurrirá si el Supremo tumba los indultos
Estudia acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción si no hay vía en el Constitucional García-Page avisa de que indultar puede «condenar al PSOE»
La eventual concesión de los indultos monopoliza el debate político y polariza el PSOE. El Gobierno, decidido a aplicar la medida de gracia para resolver el «conflicto en Cataluña» ha desplegado una campaña de pedagogía que deberá comenzar por su propio partido. Los socialistas se reconocen divididos por esta cuestión, entre quienes lo consideran una iniciativa «valiente» y quienes la ven demasiado «arriesgada» para la coyuntura actual. El consenso, sin embargo, es total sobre el elevado coste político que tendrá para la formación que lidera Pedro Sánchez y preocupa la «incomprensión» que pueda generar en el electorado. Sobre todo, ante la actitud que despliegan los receptores del indulto, que ni lo pidieron, ni se han arrepentido en este tiempo y muestran su disposición a reincidir. «Sería un ridículo histórico», dicen en el partido, si después de conceder los indultos, los políticos catalanes volvieran a incurrir en los ilícitos que se les han perdonado. De tal manera que, a las reacciones más o menos airadas, se suma ya una petición de explicaciones que ha llegado incluso a exigir la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados. En la misma línea de lo que ha exigido también el líder de la oposición, Pablo Casado, demandando una comparecencia parlamentaria monográfica sobre esta cuestión.
En el PSOE no quieren contribuir al «ruido» ni hacerle «el caldo gordo» al PP, pero sí entienden que un «indulto injustificado» sería demoledor para el partido y hay quienes entienden que el coste político será también electoral y trascenderá la Moncloa, hasta los territorios. En el Ejecutivo asumen ese coste, pero se aferran a la «utilidad pública» y el «interés general» y consideran que quedan meses de legislatura por delante. Esto hará que el efecto negativo de la concesión de los indultos se difumine en estos tiempos de «política líquida».
Desde Moncloa se reivindica la autonomía del Gobierno sobre la resolución de la medida de gracia, «es una decisión del Consejo de Ministros» y se tilda, como ayer lo hiciera en el Congreso el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, la iniciativa del Ejecutivo del «liderazgo valiente» que se requiere para resolver un problema que se ha cronificado en la última década.
En las últimas horas el silencio inicial se ha ido rompiendo, de manera tímida primero por el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en su cuenta de Twitter aseguró que «resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo, porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible». A él se han ido sumando otras voces más o menos altisonantes. Entre ellos, los ex presidentes del Gobierno Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que muestran lo polarizadas que están las posiciones. González defendió en El Hormiguero que «en las condiciones actuales, no lo concedería», mientras que Zapatero se mostró más posibilista y es «partidario» de la medida de gracia, si con ello se consigue el reencuentro en Cataluña.
También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazó la posibilidad de que el Gobierno indulte a los presos independentistas, considerándolo un «grave error de la democracia». Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente. Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca», destacó García-Page, que añadió que desea «de todo
Exigen que el presidente explique su estrategia con ERC: «Un indulto injustificado sería demoledor»
corazón» y desde sus convicciones «constitucionales y socialistas» que no se lleve a efecto.
Una de las preocupaciones de García-Page es que la medida de gracia no «ayude en el fondo a enfocar el problema de Cataluña» y que incluso resulte «estéril», porque podría incurrirse en «la muestra de cómo pueden volver a las andadas sin consecuencias». «¿Se imagina alguien en qué posición quedaría el que toma la decisión de indultar sin garantizarse primero la renuncia expresa a volver a las andadas?», se preguntó Page.
Esta preocupación también le asalta al diputado Odón Elorza, que pidió ayer en su blog personal que la decisión de indultar o no «debiera ser explicada abiertamente y con celeridad en el Congreso» por parte de Sánchez. El parlamentario vasco considera que «los posibles indultos políticos a los encausados del “procés” de Cataluña son hoy una decisión de riesgo y muy controvertida que requiere una explicación en una democracia plena» y que no le daría al PSOE «votos, sino problemas». Además, Elorza reconoce que, si bien las condenas le parecen «excesivas», no tiene dudas de que los beneficiados por los indultos «volverán a romper la Ley y la Constitución y atacar el Estado de Derecho».