Las cifras ocultas de las devoluciones en caliente
Ni el Ministerio del Interior ni ONGs facilitan datos. Solo se conocen a través de preguntas del Congreso
Cuando hace una semana la marea de personas que atravesaron la frontera entre Marruecos y España se hizo inmanejable se tomó una decisión desde el Ministerio del Interior que está persiguiendo a su titular, Fernando Grande-Marlaska y al gobierno de coalición del PSOE, al retratar su doble vara de medir en función de si están en el poder o en la oposición.
Miles de personas fueron devueltas «en caliente» en la misma valla fronteriza. Un método de urgencia para atajar la enorme brecha abierta en una de las entradas a Europa desde África. Durante días, desde diferentes sectores y sobre todo en el seno del partido minoritario de la coalición, la decisión de practicar estas devoluciones ha sido muy criticada.
Motivos no faltan. Las «devoluciones en caliente» o «entregas en frontera» son uno de los asuntos más espinosos relacionados con la política migratoria y una práctica de la que los ejecutivos –sean del color que sean– no quieren hablar, en parte debido a las presiones de ONGs.
¿Qué son las devoluciones en caliente? Se trata de la expulsión del país de un inmigrante irregular en el momento en el que intenta cruzar la frontera, sin serle aplicada ninguna de las protecciones y garantías de la legislación de extranjería. En julio de 2015, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta posibilidad quedó recogida en su disposición final primera que señala que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», algo que –asegura– «se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunció en febrero de 2020 sobre el caso de N.D, de Mali, y N.T, de Costa de Marfil. Estos dos individuos aseguraban que se habían vulnerado sus derechos al haber sido devueltos en caliente a Marruecos tras participar en un salto colectivo en la valla de Melilla durante 2014. A pesar de que en un primer momento el TEDH les dio la razón, el Gobierno recurrió la decisión ante la Gran Sala del tribunal. Esta concluyó, sin embargo, que España no había violado los derechos de estas dos personas en relación con la prohibición de expulsión y el derecho de recurso efectivo.Pese al aval del Tribunal Constitucional, este mecanismo para salvaguardar las fronteras siempre está en el punto de mira. De hecho, la opacidad de las cifras es asombrosa. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior y otras orga- nizaciones no gubernamentales para tratar de conocer el número de devoluciones en caliente que se han llevado a cabo en los últimos años y es prácticamente imposible. Desde el departamento que dirige Grande Marlaska aseguraron que «no tenemos datos desglosados de rechazos en frontera» mientras que ONGs que trabajan sobre el terreno señalaron que «es un tema complejo».
La única manera de conocer los datos es mediante preguntas al gobierno desde el Senado y el
En 2020 se expulsaron a 212 de 1905 inmigrantes, es decir el 11% frente al 10,3% de 2017 con el PP en el Gobierno
Congreso. Así, según se desprende de una respuesta a una pregunta por escrita del PP en el Congreso. 2020 fue el año en que se batió el récord de expulsiones exprés en Ceuta y Melilla, ya que se llevaron a cabo un total de 212 expulsiones, pese a estar en medio de una pandemia que frenó la llegada de personas irregulares a través de estos dos territorios: 1.705. El Ministerio del Interior reconoce, por tanto que devolvió a un 11,1%, lo que significa a más que durante 2017, durante el gobierno del popular Mariano Rajoy cuando se devolvieron a 607 personas en ambas fronteras de un total de 5.863 personas, lo que supone un 10,3% del total de inmigrantes que entraron de manera irregular en territorio español.
Más llamativo, incluso, que la falta de opacidad es el bandazo de los socialistas con esta práctica. Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición aseguró que «siempre nos opondremos a las devoluciones en caliente, nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho al asilo», dijo en varias ocasiones cuando gobernaba el PP. Papel mojado al llegar al Ejecutivo, a tenor de las imágenes de la última semana y los datos del año pasado. Solo hay dos excepciones para las devoluciones en caliente: los menores y las personas vulnerables, Sin embargo, la semana pasada en Ceuta se devolvieron a menores, una situación que ya está en manos de la Fiscalía que tendrá que esclarecer qué sucedió y cómo actuaron las fuerzas del orden.