Economía sumergida: un negocio de 300.000 millones
La pandemia ha traído una doble crisis a muchos españoles, sin recursos y sufriendo las consecuencias de trabajar en «B»: sin derecho a paro o cobrando un ERTE mínimo
A su paso, la pandemia del coronavirus no ha dejado títere con cabeza. Ha impactado en la economía con tal brutalidad que ha colocado a España de un plumazo en las postrimerías de la Guerra Civil. La onda expansiva de la crisis ha sido de tal calibre que ha golpeado con dureza inusitada en la línea de flotación incluso de la economía sumergida, un negocio que en nuestro país mueve casi 300.000 millones de euros al año y recluta a un ejército de personas. personas. El confinamiento de la población, primero, y, más tarde, las restricciones a la movilidad para combatir el avance del coronavirus han colocado en el filo de la navaja al turismo, la restauración, la construcción y el comercio, sectores en los que la economía sumergida campa a sus anchas. Ante este panorama nada halagüeño, la crisis ha sido más severa para los empleados de la economía opaca y ha dejado, en algunos casos, a miles de trabajadores en el paro y sin protección alguna y, en la inmensa mayoría, con prestaciones por ERTE exiguas. Así lo advierten los diferentes analistas consultados por LA RAZÓN. En ese sentido, el presidente del grupo de expertos constituido por el Ministerio de Hacienda para diseñar la reforma fiscal del Gobierno y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, el economista Jesús Ruiz-Huerta, avisa, en declaraciones a LA RAZÖN, de que «en la crisis actual, al contrario que en otras, la pandemia, los confinamientos y las limitaciones de movilidad» han afectado «negativamente a las actividades productivas ocultas». Según Ruiz-Huerta, se ha producido «una probable disminución en activi-
dades ilícitas y un aumento de las tendencias al ocultamiento ante la dificultad para hacer frente al pago de los impuestos». A su juicio, «seguramente, han crecido también las actividades que evitan el pago de impuestos», como en el caso de talleres de vehículos, obras de reformas en las viviendas... En estas actividades es frecuente que se le ofrezca al cliente la posibilidad de pagar sin IVA.
Mientras, el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas y director del estudio de Funcas sobre economía sumergida, titulado «Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer?» se muestra más tajante que Ruiz-Huerta. Lago Peñas asevera a LA RAZÓN que la pandemia ha reducido, sin ningún género de duda, la economía sumergida, precisamente, porque «se concentra en actividades del sector servicios, cuya oferta se ha visto drásticamente limitada por las restricciones a la movilidad». De hecho, avisa del estado de elevada vulnerabilidad en el que ha situado la pandemia a los trabajadores que se mueven en la sombra de la economía, al estar padeciendo con mayor intensidad los efectos de la crisis. «Estas personas están sufriendo particularmente sus efectos». Según los analistas, soportan una doble crisis, la severa recesión por la que atraviesa el país y, por otro lado, la propia de la economía sumergida, sin derecho al cobro de prestaciones por desempleo o por ERTE.
¿Pero cuántas personas trabajan en la economía sumergida y a cuántas ha dejado en paro la crisis actual? Los expertos comparten diagnóstico con la Agencia Tributaria. La inmensa mayoría de los empleados de la economía sumergida cobran una parte de su salario en ‘A’, por la que tributan y perciben prestaciones, y otra parte, «nada desdeñable», en ‘B’, por la que no perciben prestación alguna. «Existen trabajadores a los que un porcentaje no menor de sus ingresos se materializa en un sobre que escapa al control de Hacienda y la Seguridad Social. Muchas personas se han acostumbrado a este formato retributivo. Pero los ERTE les han hecho ver las consecuencias. La Seguridad Social solo cubre la parte del salario en ‘A’. Esta situación ha supuesto un duro golpe para algunos afectados por los ERTE», alerta Lago Peñas. Ruiz-Huerta, por su parte, avisa de que «la crisis ha implicado un aumento importante del paro que, sin duda, ha debido afectar a las actividades de la economía sumergida».
La realidad es que no existen estimaciones del número de trabajadores que viven a la sombra del sistema del estado de bienestar. Una buena parte de la economía sumergida se sustenta en empresas y trabajadores que declaran una parte de los ingresos y otra, no. Por tanto, los especialistas, en sintonía con el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, prefieren hablar de horas a lo largo del año que se trabajan sin declarar más que de número de puestos de trabajo. En este contexto, se trabajan «miles de millones de horas» en ‘B’. Desde los albores de la democracia, en España, el país de la picaresca por antonomasia, existe «un grave problema» de economía sumergida y de fraude fiscal, muy superior a la media de los países de nuestro entorno. De hecho, en España supone más del doble de la existente en la UE-8.
¿Y cuánto dinero mueve la economía sumergida en nuestro país? Es una cuestión compleja al ser especialmente difícil de medir. Se trata de trabajadores y
Ruiz-Huerta: «La crisis ha implicado un aumento importante del paro que ha afectado a la economía sumergida»
Lago Peñas: «Los ERTE les han hecho ver las consecuencias. La Seguridad Social solo cubre el salario en ‘A’»
empresas que no aparecen en las estadísticas oficiales, cuyos datos, en consecuencia, no están contabilizados, recuerda RuizHuerta. Según el estudio de Medina y Schneider (2017) en el período 1991-2015, el valor medio de la economía sumergida en España se situaba en el 25,8% del PIB, solo inferior a Italia y Polonia. En estos momentos, distintos estudios barajan una horquilla de entre el 20% y el 30% del PIB. No obstante, algunas instituciones, como la Agencia Tributaria, en su Plan Estratégico 20-23, reducen esa cifra hasta el 11,2% o el 17,2% del PIB. Sin embargo, el propio Gobierno en su Agenda 2050 la sitúa en el 20% del PIB.
Mientras, los Técnicos de Hacienda (Gestha) calculan que a finales del año pasado la economía sumergida movió casi 300.000 millones, cifra equivalente al 25% del PIB. Es decir, que antes de la pandemia su volumen de negocio superaba con creces esa cuantía. Gestha estima ahora un fraude fiscal asociado al negocio del dinero negro de unos 92.600 millones de euros. De esta cantidad, 61.733 millones, las dos terceras partes, corresponde al fraude asociado a la evasión propiamente dicha de impuestos y los restantes 30.867 millones, al impago de las cotizaciones sociales. En este contexto, el presidente del grupo de expertos de Hacienda remarca los efectos negativos de la economía sumergida en «términos de desigualdad, costes de eficiencia, pérdida de ingresos fiscales, distorsiones en la competencia empresarial y quiebras en la fiabilidad de los datos estadísticos empleados en el análisis económico».
Agenda 2050 contra el fraude
Por eso el Gobierno pretende ahora en su reforma fiscal, cuya arquitectura diseña el grupo de expertos liderado por Ruiz-Huerta, poner coto a la economía sumergida. De hecho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha incluido esta cuestión como una prioridad en su Agenda 2050. En su hoja de ruta hasta esa fecha, aboga por reducir la economía sumergida hasta el 15% del PIB en 2030 y en los siguientes 20 años hasta el 10% del PIB. Es decir en 2050 espera haberla recortado en más de 100.000 millones.
Además, el Plan de Recuperación, que el Ejecutivo presentó el pasado viernes 30 de abril a Bruselas, dedica una componente, la 27, de las 30 que recogen sus reformas estructurales, a la lucha contra el fraude fiscal, que los gurús designados por Hacienda estudiarán. Concretamente, propone una batería de medidas que pasan por ampliar el concepto de paraíso fiscal en función del criterio de transparencia, de nula tributación y de regímenes fiscales más perjudiciales, y por limitar los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros, facilitando la trazabilidad de las operaciones de pago y dificultando los comportamientos defraudatorios. El plan apuesta también por ampliar el ámbito subjetivo y objetivo del régimen de la lista de deudores a Hacienda y por prohibir las amnistías fiscales y el denominado software de doble uso, así como por incorporar el valor de referencia como nueva base imponible de los impuestos patrimoniales. Hacienda y la Seguridad Social establecerán también un plan contra la economía sumergida.