La amnistía encubierta
Con la boca grande, el Gobierno vende que dedicará el tiempo que sea necesario a que el Ministerio de Justicia sustancie la argumentación de los expedientes de los líderes del procés, y así, cuando toque, el Consejo de Ministros tomará una decisión «fundamentada» en los principios de «concordia» y «convivencia». Con la boca pequeña, la letra de sus indultos parciales está siendo negociada con ERC. De ahí que los independentistas reconozcan tener por delante «un mes de junio muy largo».
Los movimientos en la trastienda son descarados. Los perturbadores perdones gubernamentales estarán listos para publicarse a finales de junio o principios de julio. La pretensión concertada entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés es irse de vacaciones con la patata caliente resuelta, amortiguar el debate durante el verano –en palabras de un cercano al presidente del Gobierno, «con la ciudadanía tomándose el arrocito en la playa»– y arrancar el nuevo curso político en septiembre en otra pantalla.
El ambiente, sin embargo, se antojará entonces tanto o más caldeado. Aunque le pese al entorno de Sánchez, el salto al vacío irá en su mochila. Porque ese intercambio de cromos con los separatistas, presentado como un gesto de valentía del presidente del Gobierno, seguirá siendo un problema de muy compleja digestión para el PSOE, tanto en el plano interno como en lo que se refiere a su votante tradicional. Esa realidad se hace evidente en feudos clave como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.
Las voces que han mostrado su malestar habrán sido minoritarias, pero toda la organización, de norte a sur y de este a oeste, siente vértigo ante la dirección tomada por Pedro Sánchez. Y hay más. El movimiento llega cuando las encuestas arrojan transferencia de voto del PSOE hacia el PP. «Si se cronifica el trasvase entre bloques, estamos
La pretensión es irse vacaciones con la patata caliente resuelta y amortiguar el debate durante el verano
muertos», reconoce con resignación un barón socialista. El coste para sus siglas de la «audacia» presidencial puede no tener vuelta atrás. Ese temor está muy presente en las mentes territoriales por razones obvias de supervivencia. Los ataques de contrariedad alcanzan las sentinas de Ferraz, donde se aferran a la maquinaria de la pedagogía.
«Si la derecha ladra, hagamos lo que debemos», responden desde La Moncloa los colaboradores de Sánchez. Esos aventureros llaman a la lealtad debida, al «cierre de filas», una vez que aquello que estaba en discusión es ya una decisión firme del presidente del Gobierno. Son avisos de brocha gorda que no esconden el malestar que existe. «Son los primeros indultos de la historia bajo la amenaza de la reincidencia y no desde el arrepentimiento», ha sentenciado en la distancia corta el líder del PP, Pablo Casado. Hasta el histórico socialista Alfonso Guerra se ha mostrado escandalizado con unos indultos en los que no media arrepentimiento alguno. Porque es una realidad insalvable que ERC no esconde sus objetivos anticonstitucionales de caminar hacia una república catalana independiente. Y Sánchez, desde luego, no va a frenarlos con unos indultos en bloque que más parecen una amnistía encubierta a «presos políticos», inaceptable en un Estado democrático que se rige por el imperio de la ley.
Sortear el atolladero que el propio Pedro Sánchez ha creado, por mucho que trate de endosarlo a la actuación del gabinete de Mariano Rajoy ante el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, no contribuirá a mitigar el escándalo. Al contrario, ahonda en el desasosiego de una opinión pública alarmada por el entreguismo y la flojera del presidente del Gobierno. Por más que Sánchez trate de convencernos a todos de que solamente le mueve el interés por resolver el encaje de los nacionalismos.