Rebelión autonómica contra las restricciones de Sanidad
El nuevo «semáforo» permite limitar la movilidad y cerrar el interior de los bares en nivel 3
Madrid, País Vasco y Andalucía rechazan aplicar las medidas a la hostelería
La aprobación de la Declaración de Actuaciones Coordinadas que regulará las nuevas restricciones ante la covid-19 en el Consejo Interterritorial de Salud ha levantado un auténtico vendaval político. Las medidas que se recogen son
de obligado cumplimiento hasta que el 70% de la población esté inmunizada, algo que no ha sentado bien en algunas comunidades, que lo consideran una imposición de Sanidad, e incluso han anunciado que no lo acatarán.
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La aprobación el pasado miércoles de la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) que regulará las nuevas restricciones ante la covid-19 en el Consejo Interterritorial de Salud ha levantado un auténtico vendaval político. Las medidas que se recogen en el texto son de obligado cumplimiento hasta que el 70% de la población esté inmunizada, algo que no ha sentado bien en algunas comunidades autónomas (Madrid, País Vasco, GaRioja licia, Castilla y León y Andalucía), que lo consideran una imposición del Ministerio de Sanidad, e incluso han anunciado que no lo acatarán y queman tendrán sus actuales restricciones.
Uno de los principales puntos de choque que plantea la DAC es el referido al ocio nocturno, ya que según el nuevo «semáforo» las discotecas y pubs sólo podrían abrir hasta las 3:00 horas máximo en el caso de estar en nivel de alerta 1 o 2 (en este caso las comunidades autónomas tendrán que valorar la apertura en base a indicadores complementarios que muestren una evolución favorable de la epidemia).
El problema radica en que, pese a la mejora de la situación epidemiológica en nuestro país gracias al avance de la vacunación, hay comunidades que no tendrían todavía esa posibilidad al estar en nivel alto de incidencia. En su informe de ayer sobre los indicadores de seguimiento de covid-19 del Ministerio de Sanidad se mantienen en Nivel 3 el País Vasco y La (actualmente no hay ninguna en Nivel 4), aunque el día anterior estaban también en esa situación la Comunidad de Madrid, Andalucía y Aragón.
Pero las nuevas medidas van más allá. En el caso de las comunidades en nivel 3, los locales de hostelería tienen que eliminar por completo el servicio en interiores, ya que solo podrían atender a sus clientes en terraza, con un aforo máximo del 75% y con la limitación de seis personas por mesa.
Además, el documento plantea volver a controlar la movilidad en las comunidades en nivel 3 y 4, ya que establece «limitar las entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales», así como «recomendar salir del domicilio solo lo necesario».
La vuelta a las restricciones ha puesto en pie de guerra a las comunidades, ya que la imposición de las medidas supone un duro golpe para la reactivación de servicios como la hostelería y el ocio nocturno, ya muy castigados por todos los meses de pandemia.
Una de las primeras en mostrar su oposición fue la Comunidad de Madrid. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, reiteró ayer que no acatará las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial porque considera que son de «imposición política» y «no sanitaria».
«Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los in
tereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar», declaró ante los periodistas. Ayuso señaló que no se trata de una cuestión de «rebeldía», porque «rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos», afirmó.
Íñigo Urkullu, el lendakari vasco, denunció que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Sanidad suponen una «invasión de competencias» y evidencian un «desconcierto absoluto» en la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno central, por lo que aseguró que el País Vasco «seguirá su propia hoja de ruta» y mantendrá las medidas actualizadas el lunes por su administración.
En el caso de la Junta de Castilla y León, su vicepresidente, Francisco Igea, anunció que su ejecutivo recurrirá la DAC si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que aseguró que en la comunidad no se aplicará porque «vulnera» las competencias autonómicas y es «más restrictivo» que lo marcado en el semáforo.
También Andalucía, en boca del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, indicó que no acatará estas normas, considerando que se tratan de una «invasión de competencias brutal» del Ministerio de Sanidad. «Si la ministra (Carolina) Darias lo que quiere ahora es imponer su criterio, que decrete el estado de alarma», añadió.
Galicia reprochó al Ejecutivo central que pretenda «limitar ahora el proceso de apertura» de hostelería y ocio nocturno en la des escala da, transcurrido lo peor de la pandemia. Por ello, la Xunta estudiará «en detalle» con la asesoría jurídica el documento «para analizar el carácter vinculante y si invade competencias».
El consejero de Salud de Cataluña, Josep Maria Argimon, subrayó que la Generalitat mantiene su voluntad de dar «aire» al ocio nocturno y prepara su reapertura próximamente porque tiene indicadores bajos, pero criticó «las formas» del último Consejo Interterritorial de Salud.
Aval del Interterritorial
El Gobierno central, por su parte, salió al paso de estas declaraciones, recordando que el documento fue aprobado con el aval del Consejo Interterritorial. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, manifestó su intención de trabajar con las autonomías en actuaciones coordinadas contra la covid, y sobre la decisión anuncia da por la Comunidad de Madrid de aplicar su propia normativa, aseguró que la «judicialización no es una medida que se plantea en este momento», además de invitar a las comunidades a establecer «marcos de actuaciones comunes».
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, rechazó que la propuesta aprobada sea «una imposición» y, tras recordar que es de «obligado cumplimiento», pidió «encarecidamente que se cumpla» porque la pandemia «no conoce de fronteras administrativas» y considera lógica la existencia de «pautas comunes de actuación».
La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco ya han anunciado que no van a acatar las normas