Sanidad pierde la batalla contra Ayuso por las restricciones
Tras el varapalo de la Justicia consensuará las medidas con las comunidades
La Audiencia Nacional dio ayer la razón al planteamiento de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su batalla contra las limitaciones impuestas desde el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al coronavirus. Así, concedió medidas cautelarísimas al recurso presentado contra las nuevas medidas sanitarias para frenar la pandemia aprobadas por Sanidad.
La Audiencia Nacional dio ayer la razón al planteamiento de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su batalla contra las limitaciones impuestas desde el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al coronavirus. Así, concedió medidas cautelarísimas al recurso presentado por la mañana por Madrid contra las nuevas medidas sanitarias contra la pandemia aprobadas por el Ministerio de Sanidad.
La aplicación de estas medidas cautelarísimas implica que la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó «suspender en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A ), B) y C) del Anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso ».
Es decir, se dejan sin efecto, por el momento, todas las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad en los locales de ocio nocturno y discotecas, en la hostelería y los negocios de restauración, así como en los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias. La Audiencia Nacional concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada para que efectúe las alegaciones que estime oportunas.
En su argumentación, la resolución de la Audiencia Nacional reconoce que concurren dos intereses en conflicto: el de la administración del Estado y el de la Comunidad autónoma de Madrid. En este contexto, el fallo señala que «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares».
La Comunidad de Madrid fue la primera en presentar un recurso contra las restricciones del nuevo «semáforo». La presidenta en funciones de la región, Isabel Díaz-Ayuso, lo anunciaba así en twitter: «Hemos presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente a la covid que el Gobierno de Sánchez quiere aplicar en Madrid. Son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños. Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo», señalaba Ayuso.
Despúes de que el pasado jueves Sanidad rebajara a la comunidad a nivel 2 de riesgo, Madrid podía abrir los establecimientos de ocio nocturno si sus indicadores son favorables, pero seguiría teniendo otras restricciones. Por ejemplo, en hostelería podía haber tenido como máximo un tercio del aforo con 6 personas por mesa en interiores (del 75% con máximo 6 personas por mesa en exteriores), en congresos no se podía superar un aforo de más del 50% en interiores, y en ceremonias como bodas no se podía superar 1/3 del aforo en espacios cerrados, entre otros. Tras recibir este golpe judicial, Sanidad se puso en contacto con las autonomías para comunicar que realizará cambios en el documento previsiblemente en estos días.
Las reacciones jurídicas en las distintas regiones tras la aprobación la semana pasada de la declaración de actuaciones coordenadas (DAC) para la lucha contra la Covid-19 en el Consejo Interterritorial y su posterior aprobación en el BOE no se hicieron esperar. El documento nació viciado, ya que no hubo consenso entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad: Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña se opusieron a él, Castilla y León se abstuvo y el País Vasco ni siquiera participó en la votación. Así, otra de las regiones que ha avanzado que recurrirá la orden del BOE es Galicia, ya que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, señaló ayer que la Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias» si el Gobierno mantenía las restricciones.
Aunque por estar el fin de semana en nivel 3 de alerta tanto La Rioja como País Vasco deberían haber restringido la movilidad y haber cerrado el interior de los locales de hostelería durante este fin de semana, ninguna de las dos lo cumplió. El Gobierno de La Rio
ja (presidido por la socialista Concepción Andreu) anunció que, con el margen que permite la declaración de actuaciones coordinadas, mantiene su situación conforme al Plan de Medidas según Indicadores (PMI), sin cierres perimetrales para esta semana, y que en su caso respetará las cautelares del auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), del 28 de mayo. En el caso del País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkulu, mostró su oposición a las nuevas restricciones, por lo que considera que siguen en vigor las medidas preventivas aprobadas el lunes de la semana pasada.
Andalucía es otra comunidad que ha mostrado su disconformidad ante las nuevas medidas, y su presidente, Juanma Moreno, descartó que vaya a modificar la pauta de actuación que anunció después tras finalizar el estado de alarma, el pasado 9 de mayo. «Andalucía no va a aceptar cosas que no son razonables, dialogadas».
También seguirá aplicando su normativa Castilla y León, cuya consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó ayer que la Junta apoya las nuevas restricciones, pero que aplicará su propio marco legal en base al «semáforo» de Sanidad.