Si no gustan las medidas, tengo otras

A falta de criterios sanitarios, el control de la pandemia ha pasado a los jueces

LlegaLlega tarde el director del CCAES, Fernando Simón, cuando advierte de que sería una pena «que el control de la pandemia vaya a depender de los criterios judiciales», que es, exactamente lo que ya está sucediendo. Entre otras cuestiones, porque se ha hecho extremadamente difícil para la opinión pública española adivinar sobre qué criterios se sostienen las decisiones de nuestras autoridades sanitarias, entre las que se encuentra el doctor Simón, con hechos tan insólitos como que una Orden Ministerial publicada en el BOE decaiga indefectiblemente por su propia redacción. Con un problema añadido, y no menor, como es la nula confianza de la inmensa mayoría de los ciudadanos en las directrices que emanan del Ministerio de Sanidad. Desconfianza más justificada, si cabe, tras la última peripecia ministerial con la Comunidad de Madrid. Se hace muy cuesta arriba entender que unas medidas de carácter sanitario, es decir, establecidas para garantizar la salud de la población, puedan ser susceptibles de modificación, según le venga bien a la ministra Carolina Darias. Es lo que ha sucedido con la orden de Sanidad, suspendida por la Audiencia Nacional, y que, como en un baratillo, se ofertará de nuevo al Consejo Interterritorial de Salud con atractivas rebajas, como si el maldito coronavirus admitiera negociación. Por supuesto, esta situación de indefinición viene de lejos, de cuando el Gobierno, en los peores momentos de la pandemia, entendió que carecía de los instrumentos necesarios para liderar la batalla y trasladó la responsabilidad a las comunidades autonómicas, que son quienes gestionan la Sanidad pública. Que ahora, cuando lo peor parece haber pasado y se han levantado las medidas de excepción constitucional, se pretendan imponer directrices de obligado cumplimiento desde el Ministerio, además, sin suficiente respaldo legal, no podía tener otra respuesta que la del recurso de amparo a los tribunales. Existía una vía, la de adecuar la legislación sanitaria a una emergencia que nadie puede garantizar que no vaya a repetirse, pero eso exigía un esfuerzo negociador que el Ejecutivo no ha estado dispuesto a hacer. Nos queda, al menos, la relativa seguridad de que las campañas de inmunización avanzan a mejor ritmo y de que las vacunas se muestran eficaces frente a las distintas variantes del Covid-19. Pero la pandemia no ha terminado, ni mucho menos, y, mientras el Gobierno se aclara, habrá que seguir abonados al principio de precaución.