Castillo canta victoria sin esperar el final del ajustado recuento
El izquierdista promete respetar la democracia en Perú pero se salta al órgano electoral
El candidato de la extrema izquierda en Perú, Pedro Castillo, optó por jugar adelantado y proclamarse ganador de las elecciones presidenciales del país andino, aunque el conteo oficial aún muestre números ajustados y un mínimo porcentaje restante por contar. Frente a sus seguidores concentrados en el centro de la capital, Lima, dijo que su partido Perú Libre ya tiene un conteo total de sus delegados en las mesas electorales, «donde el pueblo se ha impuesto en esta gesta a la cual saludamos».
Afirmó frente a una multitud que el suyo será «un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica». Pero su canto de victoria vino con llamados a sus simpatizantes: «ser vigilantes de la voluntad popular». «Vengo acá a decirle al pueblo peruano, no solamente a expresar mi gratitud, sino también mi reconocimiento a los hombres y mujeres de esta patria que se han puesto de pie acá y en el extranjero, a los hermanos que están fuera del país que se han visto movilizados por la democracia», añadió al tiempo que saludó a quienes votaron por su rival, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.
Desde Fuerza Popular, la candidata a la vicepresidencia, Patricia Juárez, insistió con la denuncia de «fraude en mesa», pero aseguró que en su partido «estamos absolutamente decididos a aceptar lo que resuelvan los organismos electorales de manera objetiva». Hasta el cierre de esta edición, los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 98.421% de actas contabilizadas le daban a Pedro Castillo una ventaja de 50,198% frente al 49,802% obtenido por Keiko Fujimori. Una diferencia de apenas 68.935 votos de entre más de 17 millones de sufragios. Queda pendiente, no obstante, resolver las impugnaciones de votos en mesas electorales y las «actas observadas» por personal del ente electoral. Para ello será clave el rol de los jurados electorales especiales (JEE) y, en caso de haber apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese contexto, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, indicó que el pleno de ese organismo determinó que hará públicas las sesiones donde el colegiado delibere y vote las resoluciones sobre las actas observadas. Esto se desarrollaba normalmente en privado tras audiencias públicas con participación de las partes. El objetivo, afirmó, es transparentar este procedimiento en su estadio final. En esa línea, pidió a los postulantes presidenciales proyectar serenidad y cuestionó a quienes buscan «petardear» el proceso electoral.
«Solamente por esta vez lo vamos a hacer. Quizá se presentara en el futuro alguna necesidad de abrir la deliberación y no tenemos inconveniente de hacerlo. En esta oportunidad obedece a la especial calidad, condición y situación que se ha generado», explicó el funcionario. La ONPE informó de que, de más de 85.003 actas procesadas, 1.337 (que representarían más de 334.000 electores en bruto considerando un promedio de 250 por mesa, pero no necesariamente votos) fueron enviadas a los JEE por distintas observaciones, y que de ese total, 464 tenían votos impugnados. En tanto, al 64,42% de actas procesadas provenientes del extranjero se dio cuenta de la participación, al momento, de 201.107 connacionales de un padrón de 997.000. La decisión del JNE se dio un día después de que Fujimori denunciara un presunto «fraude en mesa» a favor de su contrincante de Perú Libre. Esto fue rechazado por Salas Arenas, quien refirió que, de acuerdo a las denuncias conocidas, se trataría de hechos aislados de personas ajenas a los entes electorales. «Hay que distinguir lo que es un fraude de un acto aislado o comisión de algún tipo de delito electoral: por ejemplo, ejemplo, el alterar los votos por una persona, personero o incluso por una organización política. No sería un acto de fraude, sería más bien un acto delictivo», explicó.
El martes, el Ministerio Público informó del inicio de una investigación por el presunto delito contra la voluntad popular a un delegado de Perú Libre que fue detenido el domingo en Carabayllo con 87 cédulas de sufragio, que tenían inscripciones. Asimismo, se abrió una indagación preliminar a otra personera del partido hallada con 256 cartillas. Jorge Salas Arena señaló que «no hay que dejarse llevar por la gente que lo que quiere es quebrar, romper, presionar. Esa no es la forma, no son los modales de la democracia. Tiene que esperar la gente con serenidad. Pensar que el país, tan polarizado como se encuentra, tiene que encontrar los caminos de la recomposición. Hay que tener cuidado con dejarse llevar por gente que tiene la cabeza puesta en sus propias agendas, que tiene sus propios intereses».
Por su parte el sector militar fijo posicion en Perú. El Ministerio de Defensa (Mindef) reiteró ayer su compromiso y el de las instituciones Armadas «con la
El Ejército recuerda su neutralidad y sumisión al poder civil después de que en las redes sociales pidieran su intervención
Constitución, la democracia y el principio de neutralidad asumido por el gobierno de transición», que lidera el presidente Francisco Sagasti. El sector dirigido por la titular Nuria Esparch emitió un pronunciamiento a raíz de la difusión en redes sociales de la convocatoria a la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. «Reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde», señala el comunicado difundido en su cuenta institucional de redes sociales. Además, exhortó a la población peruana a «respetar los resultados del proceso electoral» y a «trabajar unidos para fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo del país». El documento reitera que los miitares «no son deliberantes» y que las Fuerzas Armadas del país están «subordinadas al poder constitucional». Esto es el poder civil.