La ministra Belarra pide que no se le detenga si vuelve

El Gobierno está volcado en una campaña de pedagogía para lograr vencer la resistencia que existe en la opinión pública a la concesión de los indultos. Una estrategia que consiste en presentar la medida de gracia como una palanca para generar las condiciones que permitan reconducir el «conflicto político» en

Cataluña, pero sin restar un ápice de gravedad a los hechos por los que los líderes del «procés» fueron condenados y están actualmente en prisión. Es más, mientras se promulga un discurso de perdón y «magnanimidad» para dar acomodo a los indultos, se expresa el deseo de que Carles Puigdemont vuelva a España para que responda ante la Justicia. «Siempre ha sido criterio del

Gobierno que este hombre tiene que ser juzgado por la Justicia española», señalan desde Moncloa, apuntando que «no es de recibo que una persona se haya escapado para evitar este juicio», al que sí se han visto sometidos otros protagonistas del desafío ilegal al Estado.. «Ojalá podamos tener la extradición para poder juzgarlo con todas las garantías», señalan desde el Ejecutivo.

Por esta razón, las palabras ayer de la ministra de Agenda 2030, Ione Belarra, en RAC1 causaron malestar en Moncloa. Las declaraciones en las que aseguraba que no se debe detener a Puigdemont si llega a España, no solo son un torpedo a la línea de flotación del Gobierno, que carga de argumentos al ala más radical del soberanismo en su desafío al Ejecutivo, sino que además están al margen de la legalidad. Belarra hacía estos pronunciamientos en contraposición a la estrategia de «judicialización» del conflicto desplegada por el PP, pero en Moncloa aclaran que tanto Puigdemont como cualquier otro que transgreda la ley, tendrá que responder ante la Justicia. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, desautorizó públicamente a su colega, asegurando que «el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y juzgado».