La Fiscalía de Perú pide prisión para Fujimori
El requerimiento por blanqueo dentro del caso Lava Jato provoca un terremoto político al final de un ajustado y disputado recuento
Las elecciones presidenciales en Perú se viven como una película de ficción, donde la tensión se eleva al cierre de la trama, en los «momentos cumbres», y aparecen giros inesperados. Así ocurrió ayer cuando el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato (la corrupción de la empresa Odebrecht), solicitó al juez Víctor Zúñiga revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata presidencial Keiko Fujuimori, e imponerle prisión preventiva en su contra. La también excongresista es acusada por el presunto delito de lavado de activos, crímen organizado, obstrucción obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El caso hasta ahora había avanzado sin llegar a solicitudes de cárcel preventiva, pero sí con la petición hecha en marzo por el mismo fiscal de dictar una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la hija del expresidente Alberto Fujimori, una vez concluido el juicio. Ahora, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta hasta el último de los votos emitidos el pasado domingo, el fiscal sostiene en su escrito judicial que Keiko Fujimori viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.
«Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales», se lee en el requerimiento. El fiscal señala como uno de los argumentos para su solicitud la conferencia de este miércoles, en la que la candidata presentó a Torres como abogado y vocero político del partido Fuerza Popular, del cual es abanderada. El fiscal Pérez explica en su requerimiento que Miguel Torres ha sido ofrecido como testigo en la acusación fiscal y la defensa de Keiko Fujimori ya está al tanto de esta información. El Poder Judicial notificó la acusación el 4 de junio. El representante del Ministerio Público agrega que Torres, además, declaró ante su despacho el 3 de setiembre de 2020, como lo puede atestiguar la abogada particular de Fujimori, Giulliana Loza. Si Fujimori no gana la elección, deberá continuar los procesos judiciales en los que está imputada por lavado de activos y obstrucción a la justicia.
El miércoles por la tarde, en Lima, la aspirante presidencial y el abogado Miguel Torres anunciaron que el partido Fuerza Popular presentó 802 recursos de nulidad de actas electorales consideradas fraudulentas por los denunciantes. La petición de Fujimori pone en duda más de 200.000 votos a favor de su rival Pedro Castillo, que continúa al frente en el conteo de resultados con una ventaja de 71.000 votos alcazado el 99,13% de actas contabilizadas. Según la denuncia, las actas con problemas incluyen falsificaciones de firmas de miembros de mesa, de resultados, sumas erradas o datos errados o faltantes.
La campaña de Fuerza Popular dijo que no busca revertir el resultado con el 0,87% de mesas restantes por contabilizar, sino directamente con la impugnación de votos ya contados, especialmente correspondientes a zonas en las que Castillo obtuvo una ventaja abrumadora. Desde el lunes, Fujimori ha denunciado fraude por parte de sus adversarios. También el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, objetaron 1.200 actas favorables a Fujimori que pudieran haber acercado la brecha entre ambos (mientrs son evaluadas no son contabilizadas en el total). En total, es alrededor de medio milón de votos los que están en juego.
La cantidad de reclamos es inédita. En la ajustada elección de 2016 que Fujimori perdió contra Pedro Pablo Kuczynski por 41.000 votos, hubo impugnaciones a 29 mesas. En 2011, cuando Fujimori perdió contra Ollanta Humala, se presentaron apenas dos objeciones ante la justicia electoral.
Sin embargo, la ONPE niega la posibilidad de fraudes. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, incluso expresó su sorpresa por la cantidad de impugnaciones, histórica. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha calificado el proceso de normal y transparente. En cualquier caso, y sin la confirmación de un vencedor, se suceden las reacciones. La más importante hasta ahora en la comunidad internacional es el recoocimiento como presidente electo que el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, manifestó a Pedro Castillo. «Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas», dijo.