La OEA solicita la expulsión de Nicaragua
Almagro denuncia «la arremetida sin precedentes contra los líderes opositores»
«El Gobierno de Nicaragua se ha embarcado estos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos elección pública y líderes sociales y empresariales encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos». El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó ayer al Consejo Permanente de este organismo una reunión de urgencia para discutir «la alteración del orden constitucional» del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Almagro exigió la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que contempla «suspender del derecho de participación» si se constata «la ruptura del orden democrático y las gestiones diplomáticos han sido infructuosas». La detención del dirigente de Coalición Nacional, José Bernard Pallais, eleva a siete los miembros de la oposición detenidos, cuatro de ellos precandidatos, desde la detención el 2 de junio de la principal figura de oposición de cara a las elecciones del 7 de noviembre, Cristiana Chamorro. Pese a esta propuesta de sanción, la norma recoge que el país suspendido «deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos». Al cierre de esta edición, el presidente Daniel Ortega no había reaccionado a esta solicitad de Almagro.
El régimen sandinista sí respondió a las sanciones de EE UU contra cuatro asesores de Ortega, entre ellos su hija, con una declaración en el parlamento. La Asamblea Nacional condenó «la injerencia de Estados Unidos». La Fiscalía nicaragüense lleva tres semanas llamando a declarar a redactores y directores de medios de comunicación por el supuesto lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la expresidenta de
Nicaragua que derrotó a Ortega en 1990 y madre de Cristiana Chamorro. Las formaciones políticas, PRD y el Partido Conservador, fueron ilegalizadas hace unas semanas. Uno de los aspirantes de la oposición encarcelados, el académico Félix Madariaga, grabó un vídeo antes de su cita con el Ministerio Público, ante el temor de ser arrestado, que ha sido difundido: «Si están viendo este vídeo es porque fui detenido por el régimen de Ortega». Madariaga pide calma y «resistencia cívica» a los nicaragüenses. El editor en jefe del diario «La Prensa», Eduardo Enríquez, llegó puntual a su cita con la Fiscalía ayer por la mañana: «Han sido citados un montón de periodistas que en realidad hacen un trabajo muy profesional y tienen que venir a responder por cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la Fundación. Obviamente es un asedio». Enríquez enmarcó este ataque a la prensa en una ofensiva contra la democracia: «Hay una situación compleja en el país de cara a las elecciones. Esto es parte de ese contexto. La gente no puede manifestarse, no puede hacer reuniones para organizarse de cara a las elecciones que es un derecho. Votar es un derecho constitucional». Los medios de comunicación han informado de un incremento de la represión policial y violencia política desde las masivas protestas contra el régimen de Ortega que fueron reprimidas con un dramático saldo de 325 fallecidos. Un informe avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 115 personas permanecen en prisión como «presos políticos» desde las movilizaciones de 2018, nueve desde 2014 y una desde 2011. El Gobierno de España, la Unión Europea y Estados Unidos han reclamado la liberación de los opositores y garantizar unas elecciones libres. Las detenciones se basan en la polémica ley aprobada en diciembre conocida como «Ley Guillotina». La presión de la comunidad internacional ha aumentado en torno al régimen de Ortega. Las palabras del jurista y politólogo, Daniel Zovatto, en CNN instando a la comunidad internacional a planear una estrategia contra Ortega han sido alagadas por la oposición y muchos ciudadanos nicaragüenses: «La coalición debe tener un programa en materia de derechos humanos, garantizar la libertad de los detenidos, su seguridad y la libertad de expresión. Hay que llegar a una negociación para garantizar las condiciones de integridad electoral que abren la posibilidad a una salida negociada». Zovatto continuó con contundencia: «Si no hay que ir por las malas. Y por las malas significa usar todos los mecanismos y todas las sanciones ». Nicaragua enfrenta de nuevo una posible suspensión de sus derechos en la OEA. La comisión diplomática de la OEA concluyó en 2019 que ya existía «una alteración del orden constitucional».