Montero se salta a Competencia en los tramos de la luz
Afirma que el Gobierno puede cambiarlos pese a que es solo potestad de la CNMC
El recibo de la luz ha abierto un nuevo frente que se suma al que mantiene el Gobierno con las eléctricas, penalizadas en su retribución nuclear e hidráulica y a las que el «ala morada» del Ejecutivo califica de oligopolio un día tras otro, y a la incertidumbre generada en los hogares por la introducción del nuevo sistema de tarifas. En este caso, la afectada es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Mientras los ministros «morados» presionan para adelantar el tramo valle, el más barato, de la medianoche a las 22:00 horas y la CNMC rechaza la propuesta asegurando que solo se lleva una semana con el nuevo sistema, en cuyo diseño han participado entre otros el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y las organizaciones de consumidores, la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero echó ayer más leña al fuego.
Cuestionada por la posibilidad de modificar los tramos horarios, Montero se saltó las competencias de la CNMC y aseguró que le corresponde al Gobierno determinar si modifica dichos tramos. «No es un organismo cualquiera (la CNMC), sino que es el responsable de la regulación del mercado eléctrico», disertó la portavoz, que añadió que las «recomendaciones» de Competencia van dirigidas siempre a buscar la «máxima eficiencia» y habrá que ver si «dentro de esa recomendación, cabe modular o no, pero le corresponde al Ministerio de Transición» Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera.
Sin embargo, según remarcan fuentes del sector, es la CNMC el organismo regulador y único responsable de determinar los accesos y conexiones y, por tanto, de fijar los peajes y tramos en el caso de la discriminación horaria.
La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el de Consumo se mostraron favorables en las redes sociales a adelantar a las 10 de la noche el tramo valle. Sin embargo, la CNMC rechazó rechazó la propuesta argumentando que solo se lleva una semana con el nuevo sistema de facturación y que el sistema de nuevos peajes se ha llevado a cabo con un riguroso trabajo de análisis. «No es arbitrario ni aleatorio, por lo que sería precipitado modificar los tramos horarios sin un estudio de cómo están funcionando», afirman fuentes de la CNMC.
La tarifa eléctrica se divide en dos conceptos: peajes y cargos. Los peajes son precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución y son determinados por la CNMC. Los cargos son los precios regulados destinados a cubrir el resto de costes, como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit, y son determinados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La factura se compone del coste de la energía, los costes regulados (peajes y cargos), el margen para la comercializadora, el alquiler del contador y los impuestos. En este caso, los consumidores pagan un 21% de IVA eléctrico, uno de los más caros de Europa, mientras el del agua es del 10%, y otro 5,1% del impuesto eléctrico. Las eléctricas deben afrontar un 7% de tasa de generación, además del resto de tributos, que finalmente se traslada al precio de la electricidad. Respecto a ese 21% de IVA, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicitó rebajar el IVA al 10% y suprimir el impuesto eléctrico para abaratar –como publicó este diario– casi un 14% el recibo de la luz.