(MÁS) CAFÉ PARA TODOS
Coincidencias del destino, la misma semana del fallecimiento de Manuel Clavero Arévalo vuelve el «café para todos». Hace más de cuatro décadas el catedrático andaluz institucionalizó esta reivindicación, unida desde entonces al imaginario de la Transición y convertida en el resumen más gráfico de cómo se gestó el diseño de la España de las autonomías. Al frente del Ministerio para las Regiones entre 1977 y 1979, Clavero desplegó su poder de convicción para que el Gobierno de Adolfo Suárez permitiera que el resto de comunidades accedieran al mismo régimen que las consideradas históricas: Cataluña,
País Vasco y Galicia (aquellas que habían votado o estaban a punto de votar sus estatutos de autonomía en la Segunda República). De las enormes dificultades de entonces para articular las aspiraciones de las distintas regiones se pasó a una entente que aspiraba a desarrollar las claves del Estado autonómico a lo largo de los años (aunque esa concreción del Título VIII de la Constitución aún no se ha producido).
Ese necesario reparto de competencias y el siempre complejo equilibrio territorial se mantienen como alguno de los elementos más delicados, controvertidos y, a veces, distorsionadores de la vida política española: las tensiones y los agravios comparativos acompañan las relaciones entre autonomías y ha habido suficientes ocasiones en las que comprobar las dificultades para gestionar los intereses de todos. El último de estos desajustes se ha producido a cuenta de la cuestión independentista.
Mesas bilaterales
Tal y como ya ocurrió con el Estatut de Cataluña en 2006, la anunciada reunión de la mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat ha despertado los recelos del resto de los presidentes autonómicos. La posibilidad de que se muevan las piezas de esa frágil estructura que equilibra el modelo territorial agita en 2021 los fantasmas no resueltos del pasado. El futuro encuentro entre el Ejecutivo de Pedro
Sánchez y el de Pere Aragonès ha servido para lograr lo que en otras ocasiones parece un imposible: poner de acuerdo al resto de dirigentes. Quieren «lo que se dé a Cataluña» y anuncian que estarán vigilantes en las concesiones que se hagan a través de esa mesa que consideran un privilegio.
Uno de los presidentes más claros en sus reivindicaciones ha sido el de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla. Esta misma semana ha visitado La Moncloa (tras más de dos años y medio a la espera del encuentro) y ha mostrado su rechazo a que la fórmula de las mesas bilaterales se convierta en la herramienta habitual de negociación o sea lo suficientemente ágil para articular un país como España. Sin embargo, asegura, «si la hay para Cataluña, Andalucía pedirá la suya para tratar asuntos de interés general con lealtad».
Hasta el momento, la mesa entre el Gobierno y la Generalitat tan solo se ha reunido en una ocasión, en febrero de 2020, justo antes de que la pandemia irrumpiera en el orden natural de la vida y arrasara con cualquier plan trazado. Aunque están por fijar los aspectos concretos y los márgenes en los que se mueve el Ejecutivo para negociar en ese foro (el imaginado derecho de autodeterminación esgrimido por los independentistas está fuera de guion), las suspicacias entre las demás autonomías no se han ocultado. Al final, se tratarán las cuestiones reales: financiación, inversiones y competencias. Y esto son palabras mayores para las comunidades. Lo habitual es que se debata (mucho) en foros multilaterales en los que están representadas las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. La mesa con Cataluña, al margen de la polémica que se pueda generar por los temas a debatir, viene a romper con su sola existencia el statu quo que se ha mantenido durante décadas y abre la puerta a un nuevo marco de relaciones del Gobierno central con los autonómicos.
De la financiación a los fondos
Los estados con estructuras descentralizadas, en mayor o menor medida, sufren dificultades en los encajes de los intereses de las partes y cuentan con órganos para canalizar las relaciones. En España las comunidades se organizan a través de la Conferencia de Presidentes o del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La primera, que no se reunía desde octubre, está fijada para el próximo julio con el objetivo de tratar los fondos europeos y su reparto; el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne una o dos veces al año y en esas citas se fijan los objetivos de déficit público y se decide el reparto de la financiación. Precisamente éste es uno de los puntos clave de las relaciones autonómicas, pendiente siempre de reforma: un sistema que se critica por ser excesivamente complejo, opaco y anticuado.
Más allá de estos órganos, la pandemia ha supuesto un enorme ejercicio de coordinación territorial como ningún otro en todos los años de democracia. El reto de sincronizar los sistemas sanitarios, las medidas a adoptar en cada territorio, la vacunación, las distintas desescaladas y hasta los movimientos entre comunidades han supuesto un desafío desconocido: ese experimento llamado cogobernanza que no ha contentado (del todo) a ninguna de las partes y ha generado en más ocasiones de las necesarias una evidente confusión. Y ahora se enfrenta al reparto de los fondos europeos. Ya se escuchan las primeras voces que apuntan a posibles agravios comparativos o alertan de desequilibrios en la distribución de las ayudas de la UE. Así que estamos, como hace cuatro décadas, con las comunidades reivindicando (más) café y fondos para todos.
COMO SI FUERA UNA REEDICIÓN DE LA HISTÓRICA REIVINDICACIÓN SURGIDA EN LA TRANSICIÓN, LAS COMUNIDADES EXIGEN AHORA AL GOBIERNO EL MISMO TRATO QUE A CATALUÑA