Los funcionarios, en huelga indefinida
Gobierno y asociaciones rubrican hoy el acuerdo, al que se opone la APM
Tras llegar a un acuerdo con jueces y fiscales sobre sus mejoras retributivas, al Ministerio de Justicia se le abre un nuevo frente con la huelga indefinida que los funcionarios mantienen desde ayer con el objetivo de obtener también un aumento salarial. Una vez alcanzado ese pacto con las asociaciones de ambas carreras, desde el comité de huelga se considera que al departamento que dirige Pilar Llop «ya no le quedan más excusas» para no convocar a los representantes de CSIF, STAJ, Comisiones Obreras y UGT a negociar un subida salarial que quieren que se sitúe entre los 430 y 450 euros mas al mes, en la línea de las mejoras que han arrancado a Justicia los letrados judiciales y, ahora, jueces y fiscales. Desde el pasado 24 de abril, se quejan, no se ha convocado a los representantes sindicales de los 43.000 funcionarios del sector, pese a que –se quejan– acumulan ya más de un mes de paros parciales y protestas.
De momento, ya se han tenido que suspender más de 500.000 juicios y se han paralizado más de 30 millones de actuaciones judiciales. Esta misma semana, los sindicatos han convocado el próximo jueves una gran manifestación en Madrid mientras responsabilizan a Justicia del «colapso absoluto» que están causando unos paros que, aseguran, están siendo secundados por el 85% de los funcionarios (un respaldo que el ministerio redujo ayer a poco más del 18 por ciento). Hacienda, insisten, «no puede mirar para otro lado» después de haber autorizado subidas salariales que cifran en 70 millones de euros. acuerdo que considera «indigno» y «nefasto».
Justicia se ha comprometido a aumentar en un centenar la oferta de plazas judiciales y fiscales este año y el próximo y a que antes de tres meses se constituyan grupos de trabajo permanentes, que se reunirán al menos una vez al mes, para el seguimiento de las condiciones de trabajo de todos los miembros de ambas carreras. Además, ya ha puesto fecha, mayo de 2024, para la próxima reunión de la Mesa de Retribuciones, con el compromiso de que se convoque a partir de ahora una vez al año, como exige la ley.
Sin embargo, la APM considera que el resto de asociaciones han protagonizado una «capitulación» ante el Gobierno asumiendo ese acuerdo. Así lo puso de manifiesto el pasado viernes en un comunicado interno a sus asociados, en el que calificaba de «insuficiente, indigno e inaceptable» el pacto salarial, que según su criterio «va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados de este país».
«El cierre de este acuerdo supone la renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido durante todos estos años, que ya no podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos», lamentó la asociación mayoritaria.