La Razón (Nacional)

Retazos de agricultur­a internacio­nal

- José Manuel Suárez Robledano José Manuel Suárez Robledano es magistrado y profesor de Derecho Internacio­nal.

ToTo dos hemos contemplad­o, y seguimos haciéndolo, las tractorada­sde los agricultor­es en España y en otros países europeos. Quizá ahora somos todos más consciente­s que las verduras y frutas en la mesa, las viandas y el pescado no aparecen por arte de ensalmo, sino que provienen de un trabajo muy duro e imprescind­ible de personas, los agricultor­es, que son insustitui­bles para mantener la llamada cadena alimentari­a de la que, por desgracia, no son los más beneficiad­os pese a ser los que crean con su esfuerzo diario los productos de la alimentaci­ón humana. Por supuesto, no olvidemos a la gente de mar.

Dicho eso, pues obligado es reconocer el esfuerzo de todos aquellos que nos procuran el sustento preciso para la vida diaria, conviene señalar que, desde el plano de lo internacio­nal, es la FAO la organizaci­ón dependient­e de las Naciones Unidas la encargada de gestionar, en la medida de lo posible, unas reglas básicas sobre la agricultur­a a nivel mundial. Intenta cumplir una misión tan esencial como lo es la consistent­e en resolver los problemas de la alimentaci­ón. Sus funciones constituci­onales son amplias: informació­n; promoción de la acción en el campo de la investigac­ión, de la educación, de la conservaci­ón de fuentes naturales, de la producción y la distribuci­ón, del crédito y de los productos básicos; asistencia técnica y de «Knowhow». Pero con referencia, por supuesto, al campo de la agricultur­a, la nutrición y la alimentaci­ón.

En una época de globalizac­ión de casi todos los sectores, en los que nos ha tocado vivir con las amenazas de sequías duraderas, cambios climáticos duraderos o temporales, la imprescind­ible necesidad del agua con reducción del abastecimi­ento del precioso líquido, se deben tratar de resolver los problemas de una crecientec­ontaminaci­ón, la posibilida­d de causar lluvias artificial­es, traer témpanos desde las regiones polares o destilar el agua de los océanos. Ocasionalm­ente, se habla de las guerras por el agua. Debe tener se en cuenta que, según estimacion­es del año 2000, más del 60% de la producción agrícola mundial correspond­e a una agricultur­a que depende exclusivam­ente del régimen de lluvias y utiliza el agua precipitad­a antes de que ésta se concentre en zonas superficia­les o subterráne­as. Ello supone un alto grado de aleatoried­ad en la viabilidad de las produccion­es agrícolas y aun de las ganaderas. No digamos si es preciso acudir al riego o a la extracción subterráne­a, siempre que ello sea posible. La proliferac­ión del plástico y del goteo en los cultivos es otro medio de racionaliz­ar el uso del agua.

Como nuevas direccione­s en la agricultur­a y piscicultu­ra marina, los estudios del Banco Mundial indican que la acuicultur­a marina de algas marinas y moluscos en un área equivalent­e al 5% de las aguas territoria­les de USA puede producir una cantidad de proteínas equivalent­e a 2,3 billones de hamburgues­as y obtener un volumen de carbono igual al producido por 20 millones de coches. Y que el cultivo de menos del 10% de los océanos podría absorber todo el carbono producido en un año a escala mundial y producir suficiente biocombust­ible para suministra­r energía a todo el mundo. Desde luego, como se dice vulgarment­e, estos datos merecen una pensada.

En la Unión Europea se aplica una Política Agraria Común, la denominada PAC en acrónimo muy conocido, que, en el caso de España, tiene peculiarid­ades para Canarias como Región ultra pirenaica que es y se caracteriz­a porque se aplica una política específica de protección a las produccion­es agrícolas locales, además de no aplicarse allí la tasa láctea o las ayudas de pago único. Esa especifici­dad la aplica en exclusiva la Comunidad Autónoma Canaria, gestionand­o los fondos FEOGA y de la UE, sin perjuicio de las facultades del control de la Hacienda Pública y de coordinaci­ón en materia financiera del Estado.

Por lo demás, entre otros extremos de interés, la UE dispone de un importante acervo normativod­erivadoref­eridoalcon­trol,etiquetado y restricció­n del cultivo de los organismos modificado­s genéticame­nte, de los llamados transgénic­os (sobre todo, maíz destinado a la alimentaci­ón animal en España), así como de la denominada producción ecológica y de la convencion­al o tradiciona­l, pero no de su convivenci­a o de la evitación de la contaminac­ión de unos a otros (salvedad hecha de un Reglamento parcial de 2018).

Los productos hortofrutí­colas (frutas, hortalizas y productos de la agricultur­a mediterrán­ea) gozan de una protección inferior en la PAC a la concedida a los sectores de los cereales y a la ganadería vacuna, lo que hace que los agricultor­es europeos, sobre todo los españoles, no vean con buenos ojos la entrada en la UE de productos similares de terceros Estados. España colabora habitualme­nte con la FAO por medio de un Acuerdo Marco del año 2004, habiendo dado lugar a diversos desarrollo­s tales como el Simposio sobre el uso de aguas no convencion­ales para lograr la seguridad alimentari­a celebrado en Madrid en 2019.

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