Sí que es Pot y la CUP piden que se regule la ocupación de viviendas
Junts pel Sí se abre a discutir esta medida en la ley de emergencia habitacional
El Parlament ha acelerado la tramitación de la ley de protección del derecho a la vivienda, destinada a sustituir los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) de la ley de emergencia social 24/2015 por invasión de competencias. Si todo va según lo previsto, la semana que viene los grupos acabarán de pactar el redactado final del proyecto de ley y llevarán el texto a votación en el pleno del día 20 de diciembre.
Uno de los puntos sobre los que se está negociando es la regulación de la ocupación de vivienda bajo determinados supuestos, una demanda de Catalunya sí que es Pot y la CUP. Los dos grupos han registrado enmiendas de forma conjunta para dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión social que ocupen una vivienda “de manera pacífica y continuada” siempre que sea avalado por los servicios sociales. El diputado de la CUP, Joan Garriga explicó ayer que la opción “menos dramática” para regular estos casos pasaría por que la familia que ocupa el piso siga viviendo allí de forma indefinida hasta que las administraciones encuentren una alternativa y las realojen. “Hemos de aprovechar esta ley para afrontar una realidad brutal de ocupación de viviendas”, insistió Garriga. Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Sí que es Pot, Lluís Rabell, recordó que en el último convenio de cesión de vivienda entre la Generalitat y el BBVA “el 50% de las viviendas estaban ocupadas”.
Junts pel Sí espera llegar a un pacto con los dos grupos y está dispuesta a estudiar la enmienda presentada, pero matizando su contenido. El texto registrado por los comunes y la izquierda anticapitalista prevé asimismo que la ocupación de fincas “sin título habilitante” no dará “en ningún caso” preferencia para acceder a pisos en propiedad o gestionados por administraciones públicas, una petición de los ayuntamientos. Otra de las enmiendas prevé que la administración pueda echar a la familia ocupa en caso de que la vivienda haya sido adjudicada a otra familia.
Los dos grupos también han registrado enmiendas para definir el concepto de “alquiler abusivo” y poner coto a una práctica “que está expulsando” a vecinos de sus barrios, insistió Rabell. Una situación cuyo máximo exponente está en Barcelona, siguió el jefe de los comunes en el Parlament. Como alquiler abusivo Sí que es Pot y la CUP fijan cuantías superiores al 30% de los ingresos familiares medios de un municipio o distrito, siempre que el piso esté inscrito en el Registro de Viviendas Vacías, aún por crear.
El grupo de gobierno en el Parlament está dispuesto a aceptar la referencia al alquiler abusivo, pero no a regularlo tal y como pretenden Sí que es Pot y la CUP. A cambio, Junts pel Sí propone elaborar una ley específica sobre este tema en como máximo nueve meses.
En cuanto a la partida abierta en los presupuestos de la Generalitat para financiar la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda, Junts pel Sí no aceptará esta demanda de comunes y antisistema. “La partida no puede ser infinita”, argumentan desde el grupo. En cambio, sí se comprometerán a que la Generalitat se corresponsabilice en el realojo de familias y expropiaciones para que los ayuntamientos no asuman toda la responsabilidad como hasta ahora.
La nueva norma se votará en el pleno del día 20 y sustituirá los artículos anulados por el TC de la ley 24/2015