Rato se traicionó a sí mismo ante Hacienda
El exvicepresidente cambió datos después de acogerse a la amnistía Rajoy admite que el escándalo afecta “especialmente al PP”
Rodrigo Rato figura en la lista de los 705 políticos y altos cargos del Estado que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro y que Hacienda ha enviado al Servicio contra el Blanqueo de Capitales de Economía. Pero no ha sido a causa de este hecho que se en- cuentra en su penosa situación actual. Puede haber sido una condición necesaria pero no suficiente.
El propio Rodrigo Rato confeccionó esta última y fatal soga que le ha convertido en el icono máximo, hasta que se descubra el próximo, de la corrupción y la doble moral de las élites políticas españolas. El ex casi todo, desde vicepresidente del Gobierno hasta gerente del Fondo Monetario Internacional, decidió acogerse en noviembre del 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, su exsubordinado de la época de los Gobiernos de Aznar, pese a que ya estaba imputado desde julio de ese año por la bancarrota de Bankia.
Nadie entre sus excolegas de ministerio se explica cómo dio un paso de esas dimensiones sin calcular lo que podría acabar haciendo la justicia. Como veremos, ese primer error, desde el punto de vista de su situación le- gal, se complementaría después con otro que acabaría siendo letal.
La información sobre el ilustre ciudadano acogido a la amnistía no trascendió a la opinión pública, pero en aquel momento un latigazo escalofriante sacudió los pasillos del Ministerio de Hacienda. Y cuantas veces se les preguntó sobre el asunto a los dos ministros del ámbito económico, además de Montoro, Luis de Guindos, ambos aseguraron desconocer la existencia del delicado expediente.
Todo podría haber quedado aquí, como por otra parte sigue siendo la intención del Gobierno que ocurra con los otros 704 ilustres contribuyentes renacidos remitidos al servicio contra el blanqueo, protegidos por la confidencialidad a la que obliga la normativa fiscal si no se les puede atribuir un delito de blanqueo de capitales, sorteando así la imposibilidad de acusarles del deli-
to fiscal perdonado. Un manto de silencio que alimenta toda clase de especulaciones.
“Todo podría haber quedado aquí –asegura un miembro del Gobierno consultado por este diario– si Rato no hubiera empezado a hacer movimientos raros con su patrimonio y lo hubiese dejado tal y como lo había presentado, o si no se hubiese acogido a la amnistía. Él ha sido víctima de sus propias decisiones y errores”.
En efecto, todo podría haber quedado aquí si Rato, añadiendo a la audacia cierta soberbia en opinión de algunos, no hubiera cumplimentado la segunda norma asociada a la amnistía fiscal de Montoro, la declaración obligatoria de los bienes en el extranjero, la 720, que todo contribuyente con haberes superiores a 50.000 euros debe presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, con claras incongruencias.
En el caso que nos ocupa, esa primera declaración se presentó entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2013. Rato modificó la información sobre sus cuentas y patrimonios, de forma que ya no coincidían con lo reflejado en la amnistía fiscal de hacía tan sólo unos meses. Y la tónica se mantuvo en la realizada hace ahora poco más de un año.
¿Qué había pasado entre noviembre del 2012 y finales de marzo del 2013? Según las fuentes consultadas, el gran cambio venía a caballo del caso Bankia, la investigación judicial de las causas y responsabilidades que llevaron a la inyección de más de 20.000 millones de euros públicos para salvar la entidad que Rato presidió hasta mayo del 2012, momento en que quedó intervenida por el Estado.
El 20 de diciembre del 2012, anterior a la primera declaración de bienes en el exterior, Rato debió presentarse como imputado ante el juez Fernando Andreu, titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional. Luego seguiría y acumularía peticiones de finanzas multimillonarias. El caso Bankia se convirtió ya en una certeza penal, pero también económica, para el exvicepresidente del gobierno de Aznar. Una preocupación por el patrimonio que siempre ha sido una constante en la vida de Rato.
Tras esa declaración de bienes que ya no encajaba con lo aflorado en la amnistía fiscal, empieza el baile, la punta del ovillo que acabó esta semana con el paseíllo de Rodrigo Rato entre domicilio y despacho retransmitido en directo por varias cadenas de televisión.
Hace pues en torno a un año y medio los inspectores de la ONIF (Oficina Nacional de Inspección del Fraude), que hasta entonces habían validado la declaración del exvicepresidente en la amnistía, como habían hecho ya con las de otros varios miles, iniciaron una investigación, de la que según fuentes cercanas al caso el ministro de Hacienda tenía constancia general, pero no el control.
Las relaciones entre los inspectores de la Agencia Tributaria y los cargos políticos son complejas. Ministros y secretarios de Estado explican siempre prolijamente la imposibilidad de imponer criterios políticos a los inspectores, aunque una vez en la oposición se olvidan de sus palabras y acusan a sus sucesores de imponer controles políticos. Lo cierto es que la mayoría de las negociaciones y componendas para parar inspecciones con argumentos políticos acaban con estrepitosos fracasos.
Cristóbal Montoro está en el centro de la tormenta, acusado de insensatez por un sector de su partido y del Gobierno, que le atribuye haber propiciado el actual terremoto que golpea al PP en su punto ya más débil, la corrupción, y que no digiere que la lista de los 705 ande circulando de la Agencia Tributaria al Servicio de Blanqueo y teme que acabe al final en los juzgados, aña- diendo más descrédito al sistema, si tal cosa es aún posible.
Un ministro tampoco demasiado apreciado por el poder económico, muy crítico con su elección por Mariano Rajoy para pilotar la siempre sensible cartera de Hacienda, y que luego ha cargado tanto contra su política fiscal como contra una amnistía que considera una trampa a la vista de los nombres ilustres que están ocupando las primeras páginas de los periódicos. Y lo que pueda estar por venir.
Acusado a la vez de maniobrar para salvar la campaña electoral de Rajoy a costa de su antiguo patrón y de complicidad con defraudadores como Rato.
Acusado como lo fue antes Luis de Guindos, el ministro de Economía, que intervino Bankia y dio comienzo al principio del fin del mito de Rato.
Dos exaltos cargos de Rato ambos, tanto en la primera fase del gobierno de Aznar, cuando el Ministerio de Economía también era de Hacienda y Montoro era secretario de Estado de Economía, con Guindos, responsable de Competencia, como en la segunda legislatura, cuando Montoro asumió el escindido Ministerio de Hacienda y Guindos fue nombrado secretario de Estado de Competencia en el de Economía que seguía dirigiendo Rato.