La lección de los padres de Martin
El apoyo a la pena capital, mayoritario en EE.UU., cae al nivel más bajo en 40 años
Si alguien tiene una razón para sentir el siniestro impulso de la venganza, esa cuestión moral se halla del lado de Bill y Denise Richard.
Las cámaras captaron, el 15 de abril del 2013, cómo la familia Richard, incluido su hijo Martin, de ocho años, animaba a los atletas en el maratón de Boston.
En la imágenes se observa a Yojar Tsarnaev entrar en el plano y situarse tras ellos. Luego desaparece y, al poco, estallan las dos bombas que mataron a Martin y otras dos personas, además de dejar casi 300 heridos. Entre estos, los Richard. La que salió peor parada fue Jane, de siete años, la hermana pequeña de Martin, que perdió la pierna izquierda.
Yojar Tsarnaev, tras la muerte de su hermano Tamerlán en la persecución, fue declarado culpable por el jurado el pasado día 8. Ahora se encuentra a la espera de la decisión judicial de que lo envíen al cadalso o que, a sus 21 años, no le espere otro destino que la cadena perpetua. Sus abogados enfocaron el juicio bajo ese propósito: evitar la ejecución.
Jamás se imaginaron que Bill y Denise se convertirían en sus grandes apoyos. Los padres de Martin escribieron el viernes una carta en el Boston Globe en la que solicitan que no se imponga la pena capital a Tsarnaev.
“Entendemos las razones del Gobierno para reclamar la pena de muerte, pero la búsqueda de este castigo puede traer años de apelaciones y de revisión continua del día más doloroso de nuestras vidas”, subrayaron.
Aunque su argumento no se plante contra la pena capital en sí misma, los colectivos pro derechos humanos han elogiado esta actitud. Esta tendencia, pese a no ser mayoritaria, va creciendo cada vez más. La última encuesta del Pew Research Center indica que el apoyo a la condena definitiva se encuentra en Estados Uni- dos al nivel más bajo en 40 años. La división está ahora en un 56% a favor de las ejecuciones y un 38% en contra.
Desde el 2011 ha caído seis puntos (62%). En 1996 se alcanzó el tope, con un 78% que sancionaba el uso de la pena capital, por so- lamente un 18% que era crítico.
El sondeo dibuja el perfil político del país. Entre los republicanos, los que defienden la pena capital sólo caen del 87% al 77%, mientras que entre los demócratas han pasado en un decenio del 56% al 40%. El salto es todavía más espectacular si se vuelve a 1996: 71% a favor por 25% en contra. Sobre la efectividad de este correctivo, el 61% afirma que no frena a los criminales a la hora de realizar sus fechorías. Aunque el 63% de los estadounidenses (frente a un 31% negativo) cree que este castigo está justificado en casos graves –como asesinatos–, un 71% piensa que existe el riesgo de cometer un error irreparable.
Cómo no recordar a Anthony Ray Hinton, liberado hace un par de semanas. Se ha pasado 30 años encerrado a la espera, defendiendo su inocencia. La Fiscalía se negó a revisar una prueba cla- ve –el arma del crimen–, que no era más que un invento.
La encuesta señala que los ciudadanos son poco conscientes del retroceso en el número de ejecuciones, situación real en parte por los problemas de abastecimiento de las drogas letales. Pero, sobre todo, por el argumento al que apelan los Richard, por el largo recorrido judicial.
En California llevan más de una década sin ejecuciones por esta razón. El corredor de la muerte se ha quedado pequeño para los 750 reclusos. El gobernador, Jerry Brown, se ha visto obligado a pedir tres millones de dólares para abrir más de celdas.
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