La Guardia Civil señala que Chaves conoció el fraude de los ERE el 2004
El ex presidente andaluz Manuel Chaves conoció el fraude de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía desde el año 2004. Esa es la opinión recogida en un reciente atestado elaborado por la Guardia Civil, remitido a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya.
Según una información del diario El Mundo, un grupo de mineros de Huelva denunció en aquel año y por escrito al presidente de la Junta que se estaban pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello, y que ni siquiera “habían visto la mina, ni por dentro ni por fuera”. El asunto se zanjó prejubilando, también de manera irregular, a los denunciantes. Los agentes se muestran sorprendidos por las “innumerables irregularidades” existentes en las prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los ERE más numerosos y costosos entre los que fueron financiados por la Junta de Andalucía. Noticias de esas irregularidades llegaron por escrito “a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, a la Consejería de Empleo y, por supuesto, a la Dirección General de Trabajo”, señala el atestado.
La Guardia Civil asegura en su informe que “todos los individuos que reclamaban ser acreedores a las rentas de prejubilación (pese a no reunir los requisitos) eran incluidos luego entre los beneficiarios”. El equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva acusa a la Junta de “comprar el favor popular” mediante la utilización del fondo de reptiles, “un atajo que le permitía utilizar los fondos públicos con un importante grado de arbitrariedad”.
Durante su comparecencia el pasado martes ante el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que instruye el ca- so, Chaves defendió su inocencia y aseguró que “nunca había cometido ninguna ilegalidad”.
Aunque el Supremo niegue finalmente la responsabilidad penal de los ex altos cargos de la Junta en el fraude, todo indica que la responsabilidad política por la evidente falta de control del gasto de dinero público pasará factura a los ahora aforados. De los 855 millones de euros que se utilizaron para pagar los ERE, en torno a unos 150 millones se habrían concedido de manera irregular. Unos setenta fueron a parar a manos de abogados y mediadores y otros tantos a personas, empresas o instituciones que no tenían ERE alguno que financiar.