Jugando al secuestro
JMéxico. Corresponsal ugaban “al secuestro”, emulando a las bandas del crimen que actúan impunemente a lo largo y ancho del país. Como haría un sicario, cinco menores de edad eligieron a su víctima: un niño de seis años, vecino del barrio, que aceptó con candor sumarse al rapto fingido. Todos se conocían y, juntos, se fueron a un descampado cercano a consumar la farsa. Pero la diversión duró poco. Imbuidos en su papel de delincuentes, los cinco instigadores del plan ataron al pequeño Christopher Raymundo. Al ver que lloraba, le presionaron el cuello con una vara y casi le asfixiaron. “Cuando el menor cayó al suelo, le arrojaron piedras, le encajaron una navaja en la espalda y, una vez sin vida, lo arrastraron hasta donde depositaron el cuerpo”.
La Fiscalía del Estado de Chihuahua, donde ocurrieron los hechos, detallaba así las circunstancias del asesinato que ha estremecido a la sociedad mexicana. El homicidio se descubrió cuando unos de los adolescentes confesó ante su madre y ella decidió entregarlo a las autoridades.
“Más que un problema policiaco, este homicidio constituye un factor de descomposición social” y “ausencia de valores”, apuntaba la fiscalía en su comunicado, sin mencionar la entereza de la madre que llevó a su hijo ante la justicia.
Educadores y terapeutas mexicanos llevan años advirtiendo de la alta probabilidad de que menores expuestos a situaciones de violencia desarrollen trastornos psicológicos. Ha pasado casi una década desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y las instituciones del Estado no han atendido ninguna de sus recomendaciones.
“Asistimos a un baño de sangre cotidiano y el crimen organizado tiene una penetración cultural importante; sin embargo, las políticas públicas para encarar el problema son inexistentes. El caso de Chihuahua pone en evidencia que los menores ya están reproduciendo la violencia extrema de su entorno”, dice a La Vanguardia el director de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín. La entidad, que agrupa 75 organizaciones dedicadas a desarrollar programas a favor de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, denuncia la desidia institucional. “Pedimos medidas urgentes de prevención, campañas de cultura de paz y alternativas para desvincular a los menores del crimen organizado, además de información precisa sobre víctimas, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Es el papel ausente del Estado mexicano. No hay una estrategia nacional que permita prevenir e identificar todas las formas de violencia contra la infancia”, observa Martín. Y prosigue: “Desde el 2006 hasta la fecha ha habido más de 100.000 asesinatos vinculados al crimen organizado; todas esas víctimas tenían familias, pero no ha habido ninguna campaña nacional para atender a los menores que dejaron atrás. Según las cifras oficiales, de las 23.000 desapariciones registradas en el mismo período, 7.016 son de niños y adolescentes”.
El pequeño y sus verdugos eran vecinos de una pobre barriada de Chihuahua