Financiación autonómica

Entre las ofertas electorales registradas en la campaña electoral han menudeado los compromisos de bajar impuestos en el ámbito municipal, en especial por candidatos del PP. No ha habido, en cambio, un debate digno de tal nombre sobre financiación autonómica, a pesar de que también se celebran comicios en la mayoría de las comunidades. La excepción ha sido la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha propuesto la desaparición del sistema fiscal específico del País Vasco y Navarra, el concierto y el convenio, y la integración de las dos comunidades en el régimen común.

Rivera, que sigue en esta cuestión los pasos de UPyD, que desde hace tiempo defiende esa misma idea, se juega con la propuesta buena parte del apoyo que su partido pudiera tener en Euskadi o Navarra, donde la cuestión de la Hacienda y el régimen fiscal propios cuentan con un aval social unánime. En Pamplona, el PP ha reaccionado rápido atacando la propuesta de Rivera. Era una oportunidad golosa para evitar la fuga de cualquier voto hacia Ciudadanos y no han querido perderla.

Los partidos y las instituciones tienen pendiente la revisión del actual modelo de financiación autonómica que tenía que haberse realizado para 2014, pero que se ha retrasado. Las voces que han reclamado el cambio se han oído toda la legislatura y han procedido de comunidades de todos los colores políticos, desde Aragón o Valencia, gobernadas por el PP, a Andalucía o Canarias, gestionadas por el PSOE y Coalición Canaria, respectivamente. Todas ellas y otras más se consideran perjudicadas. Y qué decir del malestar catalán con el modelo que en el 2009 se aprobó con la bendición de quienes entonces gobernaban en Catalunya.

Cuando se afronte la renovación, Rivera tendrá la oportunidad de poner encima de la mesa su propuesta, a la vista del papel que las encuestas anuncian para su partido. No va a encontrar, sin embargo, muchos apoyos para sacarla adelante, ni en el PP, partido que, con José María Aznar en la presidencia, aprobó el carácter indefinido del concierto, ni en el PSOE. Suprimir el concierto no va a conseguir el menor respaldo en los dos grandes partidos, pero otra cosa es la determinación del Cupo, la cantidad que el País Vasco debe pagar anualmente al Estado. Ahí tendría que haber margen para la discusión, aunque a Iñigo Urkullu no le guste porque, al final, eso se traduciría en tener que pagar más.

Los nacionalistas vascos se han mostrado distantes cuando desde las instituciones catalanas han planteado cuestiones relacionadas con el cambio de financiación. Con actitud fría les han deseado éxito, siempre y cuando el cambio no interfiera en el modelo vasco.

Rivera no va a encontrar muchos apoyos para la desaparición del concierto vasco y el convenio navarro