El juez descarta reabrir la denuncia del soplo policial a los yihadistas
La Audiencia Nacional concluye que no hubo riesgo para el mosso infiltrado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió ayer mantener el archivo de las diligencias sobre un supuesto chivatazo policial que provocó fricciones entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional en el marco de una operación antiyihadista. La decisión del magistrado ha tenido particularmente en cuenta un informe de la Fiscalía en el que se subraya que la operación Caronte, en la que se habría producido el incidente que sería calificado por el conseller Espadaler de “cruce de investigaciones”, terminó “con éxito, evitando la posible comisión de atentados terroristas”. El informe, elaborado por la fiscal Blanca Rodríguez destaca que “la investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento”. En otras palabras, que no se han constatado interferencias que perjudicaran el caso.
La fiscal también resalta en sus conclusiones que a resultas del episodio “no se ha incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas, ni se ha producido riesgo alguno para la integridad física del funcionario policial que interviene en la causa”. Este funcionario era un “agente encubierto”, que pudo desempeñar “hasta el final sus funciones de investigación”, destacando el informe que las pesquisas dieron resultado.
En ese sentido, la Fiscalía ha tenido en cuenta que la investigación concluyó el pasado día 8 de abril con la detención de diez personas, de las que siete quedaron en prisión provisional y tres fueron puestas en libertad provisional, “practicándose diligencias de entradas y registros en los diferentes domicilios con la intervención de numerosos documentos y efectos”. Asimismo, otra consecuencia de la buena marcha de la investigación fue que el pasado 15 de diciembre se detuvo en Bulgaria a tres personas pertenecientes a la misma célula yihadista. Estos detenidos habían iniciado el viaje a Siria para unirse a la yihad, y “se encuentran en prisión provisional”, acordada por la propia Audiencia Nacional.
El juez Pedraz, a su vez, ha asu- mido estas consideraciones para llegar a la conclusión de que no hay motivos para reabrir la investigación sobre una hipotética revelación de secreto acerca de la cual los Mossos habían elaborado un informe de ampliación sobre lo ocurri- do, basándose en las manifestaciones de un testigo protegido. Pero Fiscalía y juez han llegado a la conclusión de que “se trata, en todo caso, de un testigo de referencia que relata en términos genéricos lo que otras personas le comunicaron sin precisión de más datos adicionales que deban ser valorados y tenidos en cuenta para proceder a la reapertura de la causa”. La conselleria de Interior mostró ayer su “más absoluto respeto” por la decisión judicial pero constata que el magistrado Pedraz “no cuestiona en ningún caso la veracidad de los elementos aportados” por los Mossos d’Esquadra al juez. Asimismo, puntualiza que la resolución determina la “no relevancia penal de los hechos, una cuestión respecto a la cual ni el cuerpo de Mossos ni la conselleria de Interior se han pronunciado en ningún momento”.
El ministro Jorge Fernández,
La Generalitat sostiene que el juez no niega el chivatazo y el ministro Fernández pide dimisiones
dijo que esperaba “dimisiones” si el asunto se archivaba, en respuesta al Govern que también había pedido ceses. Por su parte, el PP catalán pidió la comparecencia urgente en el Parlament del president, Artur Mas, y del conseller Ramon Espadaler, para que expliquen que les llevó a denunciar a la Policía Nacional. Para los populares, no es una polémica más de la campaña electoral sino “un hecho inédito y gravísimo por el que, a la espera de las comparecencias, habrá que asumir responsabilidades políticas”.